La reducción de la jornada laboral sin merma salarial, una de las medidas estrella del Gobierno, enfrenta un nuevo obstáculo político. Junts per Catalunya ha advertido que no apoyará la iniciativa si no se introducen cambios significativos que tengan en cuenta las especificidades del tejido empresarial catalán. La formación liderada por Carles Puigdemont ha amenazado incluso con presentar una enmienda a la totalidad si el Ejecutivo no reconsidera el contenido de la norma.
La advertencia llega después de una creciente presión por parte de empresarios catalanes, que han manifestado su preocupación por el impacto que la medida podría tener en la competitividad de sus empresas. Alegan que muchas pymes y sectores estratégicos del territorio no están en condiciones de asumir una reducción de jornada sin una reforma estructural o compensaciones adecuadas.
Desde Bruselas, Puigdemont ha recordado al Gobierno que Junts no está dispuesto a respaldar “leyes que comprometan la viabilidad de nuestras empresas y el empleo en Cataluña”. En el entorno del partido, se considera que la norma, tal y como está redactada, responde a una lógica centralista que no atiende la diversidad productiva del Estado.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado su voluntad de diálogo, pero mantiene su compromiso con la reducción de la jornada laboral como una herramienta para mejorar la calidad de vida y la productividad.
La situación abre un nuevo frente parlamentario que podría complicar la aprobación de una medida clave para la coalición de izquierdas. Mientras tanto, patronales catalanas intensifican sus contactos con Junts y otros grupos para frenar lo que consideran un “ataque a la flexibilidad laboral”.
