La jueza acepta la petición de la Fiscalía para que Rafael Pérez testifique y clarifique el papel del Ministerio del Interior en la repatriación de menores no acompañados
Ceuta, 19 de junio de 2025
La jueza que instruye el juicio sobre el retorno de menores marroquíes en agosto de 2021 ha aceptado la solicitud de la Fiscalía para que el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, declare como testigo en la Audiencia Provincial de Ceuta. El objetivo de su comparecencia es “clarificar los hechos” en torno a una actuación que mantiene en el banquillo a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno autonómico, Mabel Deu. Ambas están acusadas de un presunto delito de prevaricación administrativa y se enfrentan a penas de hasta 15 años de inhabilitación.
La decisión de admitir la testifical se produce después de que esta fuese rechazada en anteriores fases del procedimiento, a pesar de haber sido solicitada en dos ocasiones por el abogado de la acusación particular, Estanislao Naranjo. También se denegó entonces la declaración del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyo nombre ha estado presente durante las sesiones del juicio.
Desde el inicio de la vista oral, varias de las personas que ya han prestado declaración han señalado directamente al Ministerio del Interior como el impulsor de la activación del acuerdo bilateral de 2007 con Marruecos para repatriar menores. Entre ellos, el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la propia Salvadora Mateos, Mabel Deu, y el secretario general de la Delegación, quienes han apuntado a Pérez y a Grande-Marlaska como responsables de la decisión.
Según reveló este miércoles la exvicepresidenta Deu, fue el propio Rafael Pérez quien le trasladó que el retorno de los menores “se iba a hacer” y que “no iba a haber problema”, una afirmación que refuerza la tesis de que la ejecución de la medida partió directamente del Ministerio del Interior.
No obstante, otros testimonios han puesto en duda la legalidad de dicha actuación. La jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, declaró el martes que desde un primer momento advirtió que el acuerdo no cumplía con la legislación española vigente en materia de extranjería. Palomo también recordó que Interior no tiene competencias sobre infancia y menores, señalando que ese ámbito corresponde al Ministerio de Derechos Sociales.
Una versión que fue confirmada por el entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, quien declaró este miércoles que su departamento envió una advertencia oficial alertando de que se podían estar cometiendo “ilegalidades” en la repatriación de los menores.
Ante estos hechos, la jueza Rosa de Castro ha considerado oportuno que Rafael Pérez comparezca, previsiblemente este jueves, para esclarecer el grado de implicación del Ministerio del Interior en una operación que ha suscitado fuertes críticas tanto a nivel jurídico como político. La declaración del exalto cargo podría resultar clave en un proceso judicial que ha reabierto el debate sobre el tratamiento de los menores migrantes y la coordinación entre administraciones en situaciones de emergencia fronteriza.
