Ceuta, 25 de junio de 2025 – La gestión de varias empresas municipales en Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate público tras la aparición de indicios preocupantes sobre posibles prácticas irregulares en adjudicaciones y contratos. Especialmente en el caso de Acemsa, , este diario ha tenido acceso a decenas de contratos menores adjudicados de forma directa y reiterada a las mismas empresas, con importes cercanos al umbral legal máximo, lo que ha suscitado sospechas de una posible estrategia de fraccionamiento para eludir los procedimientos de licitación ordinaria.
La preocupación se intensifica al observar la ausencia de reacciones contundentes por parte de los órganos de fiscalización y de los principales actores políticos y sindicales. Pese a los reiterados comunicados que apuntan a una “gestión opaca” o “falta de transparencia”, ni los sindicatos mayoritarios ni los partidos de la oposición han formalizado denuncias ante la Fiscalía o iniciado procedimientos internos de investigación. Este silencio ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de inacción institucional que podría poner en riesgo la integridad del sistema público.
Altos cargos en el foco de atención
Según fuentes conocedoras del funcionamiento interno de varias sociedades públicas ceutíes, las sospechas se centran en directores generales, gerentes y responsables de gestión que habrían participado en dinámicas presuntamente irregulares. Estas podrían incluir la concesión preferente de contratos a determinadas empresas, trato de favor reiterado y una utilización indebida de los mecanismos de contratación menor, práctica que, si se confirmara, supondría una vulneración del principio de concurrencia y transparencia exigido por la legislación pública.
Falta de fiscalización efectiva
El escenario actual pone de relieve un déficit en los mecanismos de control. Ni la intervención general, ni los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma, ni los partidos con representación institucional han impulsado medidas correctoras. El contexto favorece así una cultura de opacidad administrativa en la que la fragmentación de contratos, la falta de licitaciones abiertas y la posible existencia de redes clientelares se han ido normalizando.
Expertos en administración pública consultados alertan de que esta situación, lejos de ser excepcional, refleja un patrón consolidado de funcionamiento en varias empresas municipales, donde las prácticas irregulares, de no abordarse a tiempo, podrían derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
El riesgo de la impunidad
La ausencia de iniciativas formales por parte de actores con capacidad de acción plantea una pregunta clave: ¿quién vigila al que debe ser vigilado? Sin voluntad política ni presión sindical para depurar posibles responsabilidades, la investigación queda en manos de mecanismos internos y, eventualmente, de la actuación de la justicia si se llegaran a presentar denuncias o pruebas documentales.
De momento, las posibles indagaciones sobre estos hechos avanzan de forma discreta, sin respaldo institucional explícito ni un calendario claro de actuación. La ciudadanía, por su parte, empieza a manifestar una creciente desconfianza hacia el modelo de gestión de lo público, en un contexto donde los mecanismos de rendición de cuentas parecen debilitados.
Una cuestión estructural
Más allá del caso puntual de Acemsa, la situación podría afectar a otras sociedades municipales, donde también se han detectado patrones similares. Si bien las irregularidades no han sido confirmadas por resolución judicial alguna, la reiteración de contratos menores sin concurso y la escasa rotación de adjudicatarios en algunos servicios públicos han encendido las alertas sobre un posible uso discrecional de los fondos públicos.
La situación demanda una respuesta institucional clara que restablezca la confianza en la gestión pública y refuerce los mecanismos de fiscalización y control interno. Sin transparencia, sin acción política y sin supervisión efectiva, el riesgo no es solo económico, sino estructural: el deterioro progresivo de la credibilidad democrática y de los principios fundamentales que deben regir el servicio público.
