Al menos 37 personas murieron el pasado 24 de junio de 2022, y otras tres varios días después. Formaban parte de las alrededor de 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas que intentaban entrar en España desde Marruecos, a través de la valla que separa los dos países en la ciudad autónoma de Melilla. Más de 76 personas continúan desaparecidas de manera forzosa. 470 personas fueron devueltas sin garantías. Hasta el momento, no se ha realizado ninguna investigación oficial, efectiva e independiente por parte del Estado español o Marruecos. Los familiares reclaman justicia y reparación. Las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos exigen una investigación y cinco de ellas, Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38, han presentado una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Melilla.
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Esta masacre es uno más de los resultados de la externalización de las fronteras, que afecta directamente a la vulneración de los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en tránsito migrante, así como de la militarización y securitización de las fronteras y la instrumentalización de las migraciones. Pero no se deben olvidar las deportaciones sumarias recurrentes, realizadas por Marruecos hasta el sur del país, o las redadas y las persecuciones en los montes colindantes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o las devoluciones en caliente por parte de nuestro país, que les dejan sin acceso a las oficinas de asilo, una vez tocan el Estado español.
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Según revelaba la investigación de Lighthouse Reports junto a El País, Le Monde, Der Spiegel, Enass y la Fundación porCausa, al menos uno de los fallecidos, Abdul Aziz Yacoub (Sudán, 27 años), al que todos conocían como Anwar, murió en territorio español.
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Las imágenes de aquel momento, publicadas en las redes sociales, demostraban la cara más inhumana de las fuerzas gendarmes marroquíes, que recogían los cuerpos de las personas migrantes tendidos en el suelo, los arrastraban, hasta hacinarlos en una montaña. Golpes con porras, gases lacrimógenos, pelotas de goma y la falta de auxilio a ambos lados, hicieron que el paso fronterizo del Barrio Chino, se convirtiese en un embudo de muerte.
El Defensor del Pueblo concluía en octubre de 2022 que, tras analizar la documentación recibida por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales».
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su visita a Melilla el pasado 21 de junio de 2023, aseguró ante los medios que la querella de las cinco organizaciones, era “una vía adecuada” para que la Justicia investigue, pero que iban a «estudiar detenidamente» el contenido de la misma.
Por su parte, Estrella Galán, directora general de CEAR, señala que «se les impidió el acceso al puesto fronterizo para solicitar asilo y que saltaron la valla porque no tenían otra manera más segura de pedir protección en España. El hecho de que no se haya resuelto y que se cierren las investigaciones en falso, deja la puerta abierta a que una tragedia así vuelva a suceder, poniendo en peligro la vida de miles de personas que buscar refugio».
Sudán y Chad, origen mayoritario de las víctimas
Los perfiles de las persona que huían de Marruecos hacia la ciudad autónoma de Melilla para pedir asilo o refugio era prácticamente el mismo: varones jóvenes, en su mayoría de origen sudanés o del Chad, ambos países sumergidos en grandes conflictos y con un alto índice de reconocimiento de protección internacional.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Sudán del Sur desde diciembre de 2013, «los brutales conflictos han cobrado miles de vidas y ha expulsado a casi cuatro millones de personas de sus hogares. Mientras muchos permanecen desplazados dentro del país, más de dos millones han huido a países vecinos en un intento desesperado por alcanzar la seguridad». La Agencia de la ONU apunta que la situación en Sudán del Sur y los países vecinos «ha escalado rápidamente hasta llegar convertirse en una emergencia humanitaria«.
Por su parte, Médicos Sin Fronteras denunciaba en 2017 que «con más de 2,7 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares, la cuenca del lago Chad alberga actualmente una de las mayores crisis humanitarias del continente africano. La situación está llegando al límite debido a los ataques del grupo Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP por sus siglas en inglés), también conocido como Boko Haram, y a la puesta en marcha de una fuerte respuesta militar para frenar la violencia».
Además, «Chad acogía en 2021 a unos 11.000 refugiados centroafricanos de un total de 117.000 que han huido a los países vecinos de Camerún, República Democrática del Congo, y la República del Congo como consecuencia de la violencia poselectoral que también ha provocado el desplazamiento de 164.000 personas dentro del país», según ACNUR.
Como recuerdan desde Elín, muchas de estas personas que vivieron este «desamparo» proceden de Chad y de Sudán, «países que, al igual que otros muchos, se encuentran inmersos en conflictos bélicos desde hace muchos años y de las que ACNUR reconoce su estatuto de personas refugiadas».
«El Gobierno del Estado español ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño», afirman las más de 300 entidades, colectivos y organizaciones por los DDHH y antirracistas, que han realizado una convocatoria unitaria para conmemorar este 24J en diferentes partes del territorio.
Aniversario de la masacre
Hasta Melilla se ha trasladado El Periódico de Ceuta, que ha podido hablar con Patricia Fernández Vicens, abogada y portavoz de las cinco entidades que han interpuesto la querella; con Jon Iñarritu, diputado de EHBildu en el Congreso de los Diputados; con María Dantas, diputada de ERC en el Congreso de los Diputados; con Ramsés Azumik, miembro de Elín Ceuta; y recogemos los testimonios del actor senegalés Thimbo Samb, la portavoz de Amnistía Internacional, María Pastor, y Aboubida Yussaf, solicitante de asilo sudanés, (estos tres últimos cedidos por esta organización).
