Benidorm podría encontrarse al borde de la quiebra debido a un litigio que arrastra desde hace más de 20 años y que amenaza con costarle al Ayuntamiento hasta 340 millones de euros, el equivalente a más del doble de su presupuesto anual.
En un intento por frenar las consecuencias económicas, el Ayuntamiento ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para solicitar la paralización de la ejecución de la sentencia relacionada con unos terrenos cuya titularidad está en disputa. La resolución judicial podría obligar al consistorio a pagar una suma que multiplicaría sus obligaciones financieras, poniendo en riesgo los servicios municipales y la estabilidad económica de la ciudad.
Los expertos alertan que, de confirmarse la sentencia, se trataría de uno de los mayores golpes económicos sufridos por un municipio en España en los últimos años. Mientras tanto, la administración local confía en que la intervención del Tribunal Constitucional ofrezca un respiro que permita negociar o replantear la situación antes de que sea irreversible.
