Ceuta se ha consolidado en 2024 como la principal puerta de entrada de menores extranjeros no acompañados, según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. La ciudad autónoma registró la mayoría de los 2.915 ingresos contabilizados entre Ceuta y Melilla, en un año marcado por el incremento sostenido de llegadas y por la polémica sobre la edad real de muchos de los recién llegados.
El informe refleja que casi la mitad de los supuestos menores sometidos a pruebas médicas para determinar su edad —un 49,42 %— resultaron ser en realidad adultos. En total, se practicaron 7.562 exámenes en España, de los cuales 2.457 confirmaron la mayoría de edad de los solicitantes. Otros 1.280 expedientes quedaron sin resolver porque los jóvenes abandonaron los centros antes de la prueba.
La presión sobre Ceuta es especialmente visible por la limitada capacidad de sus recursos de acogida. La memoria advierte de que la llegada de menores no acompañados ha crecido de forma sostenida: en 2022 entraron 2.375 por vía marítima, en 2023 fueron 4.865 y en 2024 se alcanzaron los 5.922. La mayoría son varones —5.291 en 2024—, aunque también aumentó el número de niñas, de 238 en 2023 a 631 en 2024.
El coste económico del sistema de tutela es otro de los retos. El gasto mensual medio por cada menor asciende a 4.400 euros, lo que eleva la factura anual a unos 847 millones. En algunas comunidades, las cifras son aún más altas: en Andalucía se superan los 9.800 euros mensuales por plaza y en Madrid los 5.762.
La Fiscalía subraya, además, que la narrativa que presenta a todos los menores como refugiados de conflictos bélicos no se ajusta a la realidad: casi el 90 % son varones y la mayoría provienen de países sin guerra, como Marruecos, Mali, Senegal o Argelia.
En este contexto, Ceuta se enfrenta a un desafío doble: por un lado, gestionar un flujo creciente de menores en condiciones de saturación, y por otro, afrontar la brecha entre el discurso oficial y los datos estadísticos, que ponen en cuestión el modelo actual de acogida.
