Ceuta ha dado un paso formal para aliviar la saturación de sus recursos de acogida. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha solicitado al Gobierno central que declare a la ciudad en situación de contingencia migratoria extraordinaria, un trámite que permitirá iniciar la redistribución de los menores extranjeros no acompañados hacia otras comunidades autónomas. La medida sigue los pasos del Gobierno canario, que realizó la misma petición el pasado martes.
Actualmente, los centros de Ceuta albergan a 520 menores extranjeros no acompañados, cifra que triplica con creces la capacidad ordinaria de la ciudad, que se sitúa en 27 plazas según los criterios del Gobierno central. La modificación reciente de la Ley de Extranjería establece que la recepción de estos menores será obligatoria para las comunidades autónomas, y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que detalla la capacidad de acogida de cada región y los compromisos que deben asumir.
El proceso ha generado polémica política, ya que once comunidades gobernadas por el PP han recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula el reparto de menores. Los populares argumentan que los criterios establecidos afectan negativamente a sus autonomías mientras eximen a Cataluña y al País Vasco de responsabilidad en la acogida. Por su parte, los ministros Ángel Víctor Torres y Félix Bolaños advirtieron que cualquier incumplimiento de la norma conllevará “consecuencias legales”, lo que provocó críticas del PP por un “lenguaje amenazante y chantajista”.
La Delegación del Gobierno en Ceuta ha decidido mantener cautela y no emitir valoraciones públicas, prefiriendo esperar a la evolución del mecanismo de reparto. Mientras tanto, representantes de la Administración General del Estado en Melilla celebran la iniciativa, destacando que ningún territorio tendrá que asumir en solitario una presión migratoria que en determinados momentos resulta inasumible.
