Piden que el ‘síndrome del trabajador quemado’ y otros trastornos mentales y de comportamiento se consideren enfermedades profesionales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige al nuevo Gobierno que priorice la atención a la salud mental aumentando el número de plazas en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales. En el marco de la negociación sobre la próxima investidura, reclaman a las fuerzas políticas que «también presten la debida atención a un problema vital para una gran mayoría de ciudadanos de este país y se incremente la inversión y los recursos para reforzar la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS)».
CSIF denuncia la «escasa inversión y de recursos» en materia de salud mental, ya que «no existe dotación económica suficiente para la contratación de profesionales ni se han establecido ratios mínimas». La salud mental supone tan solo el 5 por ciento del gasto sanitario total (según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría), frente a la media del 7,5 por ciento de los países de nuestro entorno.
Además, advierten que la lista de espera para ser valorado por los servicios de psiquiatría es de dos meses de media (aunque en Andalucía y Castilla-La Mancha puede llegar hasta 4 y 5 meses respectivamente, para la primera consulta y en Aragón hasta 9 meses). Por otro lado, el plazo para ser recibido por los profesionales de psicología clínica es de unos cuatro meses, pudiendo llegar hasta seis en Cantabria y Castilla y León y un año en Aragón. En el caso de Ceuta, la espera para la primera consulta de psiquiatria en ocasiones puede llegar a los 5 meses.
El suicidio es la primera causa en España de muerte no natural, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el año 2022 las cifras de suicidios se incrementaron un 2,3 por ciento con respecto al año anterior, con un total de 4.097 suicidios (3.042 hombres y 1.055 mujeres). Esta cifra supera más del doble de accidentes de tráfico en 2022, en el que se produjeron 1.790 siniestros.
Las bajas laborales por razones psicológicas siguen creciendo, son la segunda causa de baja médica, y constituyen aproximadamente la cuarta parte del total de las incapacidades temporales por contingencias comunes, ya que, salvo reclamación, rara vez se reconocen como contingencia profesional.
En nuestro Gabinete psicosocial ‘CSIF Ayuda’ han aumentado las consultas durante el primer semestre de 2023 en un 282 por ciento en comparación con el año anterior.
En este sentido, con motivo del próximo debate de investidura, CSIF reclama al futuro Gobierno que el Plan de Acción de Salud Mental no se quede en papel mojado e incluya las siguientes medidas entre sus actuaciones en el ámbito sanitario:
• Aumento del número de plazas en especialidades en Psicología, Psiquiatría, Enfermería especializada en salud mental y terapeutas ocupacionales. En concreto, harían falta 5.640 profesionales de psicología clínica y 3.948 profesionales de psiquiatría para equipararnos a la media europea.
• Actualización del cuadro de enfermedades profesionales, incluyendo el ‘síndrome del trabajador quemado’ (‘burnout’) y otros trastornos del comportamiento, como el estrés postraumático, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea y de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) en 2010.
• Desbloqueo en el reconocimiento de trastornos mentales relacionados con el trabajo como accidente laboral.
• Creación de un registro nacional de casos de acoso laboral, de la misma forma que se reconocen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
• Elaboración de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya los colectivos profesionales más vulnerables, como sanitarios y policías
• Mejorar la coordinación entre los servicios de Prevención, Mutuas y el Sistema Nacional de Salud (SNS).
• Aprobación de una directiva europea en riesgos psicosociales y su desarrollo a través de un real decreto.
• Desarrollo del Convenio de la OIT 190 sobre erradicación de violencia y acoso en el mundo del trabajo
CSIF reclama en el ámbito de los centros de trabajo un aumento de la vigilancia de la salud mental y el fomento del autocuidado, evaluaciones de riesgos y gestión psicosocial real para reducir el estrés, la elaboración de planes de prevención e intervención sobre conductas adictivas en el ámbito laboral, incorporar psicólogos/as en los servicios de prevención, y formación para que los profesionales aprendan a gestionar y regular el estrés laboral.
En este sentido, recuerdan que el 45 por ciento de las/os empleados públicos consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) casi a diario, según la ‘Encuesta sobre la salud mental en el ámbito laboral’ que CSIF presentó el pasado año con motivo del Día Mundial de la Salud Mental de 2022.
