El CAID ayuda a 200 personas a buscar trabajo desde una sede sin licencia urbanística, ampliada con estructuras fuera de normativa
El Gobierno de Ceuta promueve, a través de la Consejería de Sanidad y bienestar social un proyecto destinado a luchar contra la brecha digital y fomentar la inclusión laboral en colectivos vulnerables. El Centro de Activación Integral Digital (CAID), que desde febrero atiende a 200 ceutíes en su búsqueda de empleo, se presenta como una iniciativa positiva en lo social, pero cuestionable en lo legal: el local desde el que opera ha sido ampliado recientemente sin contar con licencia urbanística, ni respetar la normativa vigente.
La sede del CAID se encuentra en uno de los locales de la Autoridad Portuaria, anteriormente destinado a la venta de vehículos. En los últimos meses, el espacio ha sido transformado con paneles y estructuras sin autorización ni permisos, generando una construcción irregular. Lo más grave es que esta situación es conocida por las administraciones implicadas, que, pese a ello, han decidido continuar con la actividad del centro en estas condiciones.
Resulta llamativo que un proyecto público, financiado o apoyado por instituciones como la Ciudad Autónoma o empresas estatales , se mantenga en un local que incumple la legalidad urbanística. La contradicción es evidente: se exige a los ciudadanos el cumplimiento de la normativa mientras desde el propio Ejecutivo local se tolera –e incluso se apoya– la ocupación y ampliación ilegal de un espacio.
En cuanto al contenido del proyecto, el CAID ofrece acompañamiento y formación personalizada a personas en riesgo de exclusión social. A través de entrevistas individuales, se diseña un itinerario adaptado que incluye talleres digitales, orientación laboral y asesoramiento práctico para elaborar currículums o afrontar entrevistas de trabajo.
“Es necesario eliminar las barreras digitales para acceder al mercado laboral o a una enseñanza”, destaca Nabila Benzina, responsable del área, quien resalta el uso de una aplicación móvil para hacer seguimiento a los usuarios. Isabel Palma, coordinadora del centro, subraya también la necesidad de cambiar el “pensamiento limitante” que arrastran muchas personas vulnerables.
Sin embargo, estos objetivos, por loables que sean, no pueden ocultar la gravedad del contexto legal. La construcción irregular del centro y la falta de permisos oficiales suponen un escándalo que pone en entredicho la coherencia y el respeto a la legalidad por parte del Ejecutivo ceutí. Mientras se promueve la integración social y la capacitación digital, se incurre en prácticas urbanísticas al margen de la ley, amparadas por las propias instituciones.
El Gobierno de Ceuta y la Autoridad Portuaria de Ceuta , que en otros ámbitos exige el cumplimiento estricto de las normativas, guarda silencio ante esta anomalía. La cesión del espacio, la falta de controles y la ausencia de transparencia sobre las condiciones del inmueble plantean preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo es posible que un proyecto oficial funcione en un local ilegalmente ampliado? ¿Quién ha autorizado su uso en esas condiciones? ¿Dónde están los informes técnicos y urbanísticos?
Mientras tanto, el CAID continúa su actividad, beneficiando a decenas de personas, pero con una sombra cada vez más evidente: su propia existencia contradice las normas que debería defender.
