El alto tribunal amenaza con sanciones si no se aplican medidas urgentes para proteger a los menores solicitantes de asilo
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno de España que adopte de forma inmediata medidas efectivas para garantizar la atención adecuada de los menores solicitantes de asilo en Canarias, ante la saturación de los centros de acogida y las deficiencias detectadas en su protección.
En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo advierte al Ejecutivo que, de no cumplir con esta orden, podría enfrentarse a “medidas coercitivas” para forzar su cumplimiento. El tribunal considera que la situación actual vulnera los derechos fundamentales de los menores, protegidos tanto por la legislación española como por los tratados internacionales suscritos por el país.
El fallo se produce tras las reiteradas denuncias de organizaciones humanitarias y autoridades locales sobre el colapso del sistema de acogida en el archipiélago, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados, cuyo número se ha incrementado considerablemente en los últimos meses.
El Supremo exige al Gobierno que actúe con urgencia y coordinación para evitar “daños irreparables” a una población especialmente vulnerable. Aunque desde el Ejecutivo aún no se ha emitido una reacción oficial, fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud indican que se está trabajando en un plan de actuación para dar cumplimiento al mandato judicial.
La resolución añade presión al Ejecutivo en un contexto migratorio cada vez más tenso, y refuerza el papel de los tribunales como garantes de los derechos de los menores en situaciones de emergencia humanitaria.
