Ceuta siempre ha tenido un carácter singular, una idiosincrasia que la hace única en muchos aspectos. Sin embargo, esa excepcionalidad no siempre juega a favor de sus ciudadanos. Uno de los ejemplos más flagrantes se encuentra en la situación que viven las personas con discapacidad y movilidad reducida respecto a sus tarjetas de estacionamiento.
A día de hoy, las tarjetas de estacionamiento emitidas en Ceuta carecen de validez fuera del territorio local. Literalmente. A pesar de que son emitidas para acreditar la condición de persona con movilidad reducida, no cuentan con el formato oficial ni con los elementos de seguridad requeridos —como el sello de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre— que las homologan en todo el territorio nacional. En palabras de algunos afectados, su tarjeta “vale lo mismo que un cromo de Carvajal”.
La consecuencia es clara: un ceutí con discapacidad que viaje a la península y estacione su vehículo en una plaza reservada para personas con movilidad reducida puede recibir una multa, simplemente porque su tarjeta no es reconocida como válida por las autoridades locales. Solo después del recurso y la reclamación administrativa se podrá intentar anular la sanción, en un proceso que añade estrés y dificultades a quienes ya viven con una condición que exige comprensión, no obstáculos.
La indignación crece entre los usuarios. Muchos se preguntan por qué, en pleno siglo XXI, todavía se permite la emisión de tarjetas que no cumplen con los requisitos legales establecidos por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, que regula la homologación del modelo europeo de tarjeta de estacionamiento.
“Estamos en ello”, es la respuesta habitual que reciben quienes han intentado reclamar o solicitar una tarjeta reconocida a nivel nacional. Una respuesta que, tras años de espera, ya no basta. La demora administrativa y la falta de voluntad para resolver esta anomalía administrativa parece más una dejadez institucional que una cuestión técnica.
No se entiende cómo, existiendo un modelo nacional y europeo establecido, Ceuta continúa emitiendo un documento alternativo que no garantiza los derechos de las personas con discapacidad fuera de su territorio. ¿Por qué no se han adoptado desde el principio los estándares establecidos? ¿Por qué se sigue improvisando?
La comunidad caballa exige respuestas, pero sobre todo, soluciones. Porque ser de Ceuta no debería implicar tener menos derechos. Porque la inclusión y el respeto deben ser universales, sin importar el código postal.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuánto más habrá que esperar para dejar de jugar con cromos y empezar a ejercer derechos con una tarjeta válida?
