La formación de Puigdemont lamenta el escaso retorno político más allá de la amnistía, pero no contempla por ahora romper con el Ejecutivo.
El respaldo de Junts per Catalunya al Gobierno de Pedro Sánchez continúa, aunque cada vez con más matices. La formación independentista catalana, liderada por Carles Puigdemont desde Bruselas, ha confirmado que mantendrá su apoyo al Ejecutivo central a pesar de la creciente frustración por la ausencia de avances significativos en sus principales demandas. Junts denuncia que, más allá de la aprobación de la ley de amnistía, la legislatura no ha producido concesiones concretas hacia el independentismo catalán.
Este miércoles, el propio presidente del Gobierno evitó comprometerse con nuevas promesas dirigidas a los partidos soberanistas, marcando así una distancia clara respecto a las aspiraciones de Junts. A diferencia de otras ocasiones, Sánchez optó por no ofrecer gestos ni declaraciones que pudieran interpretarse como concesiones, en un momento en que el equilibrio parlamentario sigue siendo extremadamente frágil.
Desde Junts reconocen sentirse “incómodos” con la dinámica actual. Consideran que han sido un socio clave para la investidura de Sánchez y que han asumido un coste político importante ante su electorado por ello, sin recibir a cambio los frutos esperados. “Hemos cumplido con nuestra parte, pero el Gobierno no está avanzando en la resolución del conflicto político”, señalan fuentes del partido.
Frustración contenida
La ley de amnistía —el gran logro político de Junts en esta legislatura— ha sido celebrada como un paso relevante para cerrar heridas judiciales, pero no responde a la totalidad de sus objetivos estratégicos, que incluyen una mesa de negociación política sobre la autodeterminación, el reconocimiento del derecho a decidir y una mediación internacional. Ninguna de estas exigencias ha tenido avances visibles.
A pesar de ello, la formación no contempla por el momento romper con el Gobierno. Junts entiende que la caída del Ejecutivo de coalición podría provocar un escenario de retroceso aún mayor, especialmente si abre la puerta a una alternativa encabezada por la derecha y la extrema derecha. En este sentido, su apoyo se mantiene por una lógica de pragmatismo estratégico, aunque con un creciente tono de advertencia.
Sánchez guarda silencio ante nuevas cesiones
En su última intervención, Pedro Sánchez optó por no referirse directamente a los socios independentistas ni hacer alusión a compromisos pendientes. La estrategia del Gobierno parece orientarse a consolidar su imagen institucional, alejándose del discurso de cesiones, especialmente en un clima político cada vez más polarizado y con la oposición presionando desde el Congreso y desde los medios.
Este silencio ha sido interpretado por Junts como una muestra de desinterés o como un intento de rebajar su influencia en la legislatura. “Nos necesitan, pero fingen que no”, comentan fuentes internas. Aun así, desde el entorno de Puigdemont aseguran que seguirán ejerciendo presión parlamentaria para forzar al Ejecutivo a cumplir sus compromisos.
Un equilibrio precario
El Gobierno depende de una aritmética parlamentaria ajustadísima en la que cada voto cuenta. Junts, con sus siete escaños en el Congreso, es un actor clave para aprobar leyes, presupuestos y garantizar la estabilidad política. Esta posición les otorga una influencia considerable, pero también los obliga a una compleja estrategia de equilibrio entre la presión política y la responsabilidad institucional.
El reto para Sánchez será mantener el apoyo de Junts sin comprometer su imagen ante el resto del electorado español, mientras que la formación independentista deberá decidir si prefiere seguir influyendo desde dentro o marcar distancias con un Gobierno que no satisface sus expectativas.
Por ahora, la legislatura continúa, aunque el clima de desconfianza es cada vez más evidente. El futuro de esta relación política se jugará en los próximos meses, cuando lleguen votaciones clave y se ponga a prueba, de nuevo, la frágil alianza que sostiene al Gobierno.
