Recrimina al instructor que ignore pruebas clave y el testimonio de periodistas que podrían exculpar al fiscal general
La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la investigación por una presunta revelación de secretos que afectaría a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, presenta un recurso ante la Sala de Apelación del alto tribunal para frenar el procesamiento acordado por el magistrado instructor Ángel Hurtado. La Fiscalía evita así una revisión del propio juez y busca directamente que se archive el caso y se exculpe a los dos fiscales implicados.
Sánchez Conde considera que el magistrado ha ignorado elementos esenciales del caso e introducido afirmaciones “sin sustrato probatorio”, en alusión directa a la supuesta implicación del Gobierno central en la actuación del fiscal general. En particular, subraya que el instructor no ha tenido en cuenta el testimonio de periodistas que podrían respaldar la versión de García Ortiz y demostrar que no hubo revelación ilícita de información.
La teniente fiscal recuerda que el propio juez Hurtado admite que ya circulaba en medios de comunicación, antes del 2 de febrero de 2024, información sobre un posible acuerdo entre González Amador y la Fiscalía, en el que este reconocería la comisión de dos delitos fiscales. Esta circunstancia, sostiene el Ministerio Público, desvirtúa la acusación central del caso.
Con este movimiento, la Fiscalía trata de desmontar la tesis del instructor, que abrió el camino hacia un posible juicio contra García Ortiz y Rodríguez por su presunta implicación en la difusión de datos confidenciales de una causa sensible. El caso ha adquirido una fuerte carga política por la implicación indirecta de Moncloa, que la Fiscalía niega rotundamente al afirmar que no hay base alguna que vincule al Gobierno en la actuación de los fiscales.
