Ceuta, 17 de junio de 2025 – Cuatro años después de la controvertida devolución de 55 menores marroquíes que entraron en Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021, comienza en la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad autónoma, el juicio contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu. Ambas se enfrentan a una posible condena de 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y a la pérdida de los honores asociados a sus antiguos puestos.
Los hechos juzgados se remontan a agosto de 2021, cuando en plena crisis diplomática con Marruecos y tras la entrada de miles de migrantes bordeando los espigones fronterizos, se procedió a la repatriación de 55 menores que permanecían acogidos provisionalmente en pabellones deportivos habilitados como albergues.
La actuación fue avalada por el Gobierno central, y coordinada por la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ejecutivo local, que aseguraron contar con el respaldo del Ministerio del Interior y basarse en el acuerdo bilateral firmado con Marruecos en 2007. Sin embargo, un recurso judicial presentado por varias ONG paralizó el proceso y dio origen a una causa que hoy entra en su fase decisiva.
La Fiscalía sostiene que la devolución de los menores se realizó sin seguir los procedimientos exigidos por la Ley de Extranjería ni por la Convención de los Derechos del Niño, omitiendo pasos fundamentales como el derecho de audiencia de los menores afectados o la tramitación individualizada de cada expediente. El Ministerio Público argumenta que “en todos los casos se obró sin informar previamente a los menores concernidos”, y que las decisiones adoptadas carecieron de las garantías mínimas exigidas por la legislación vigente.
En su escrito de acusación, la Fiscalía ya señaló que “la constatación del tipo penal imputado es clara”, apuntando que, según la jurisprudencia, las resoluciones pueden adoptar “incluso el formato de una carta”, pero deben cumplir con unos mínimos legales que en este caso, asegura, no se respetaron.
Los equipos de defensa de Mateos y Deu alegan, por su parte, que actuaron de buena fe, siguiendo las instrucciones del Gobierno de España y bajo el paraguas legal del acuerdo hispano-marroquí de 2007, que —recalcan— nunca antes se había ejecutado, pero tampoco había sido anulado ni declarado inaplicable.
Este lunes, poco después de las 10:00 horas, ambas acusadas han llegado a la sede judicial. Mabel Deu lo ha hecho acompañada por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en un gesto de apoyo institucional. Salvadora Mateos, por su parte, ha acudido junto a su abogado. Ambas han aguardado en el exterior de la sala hasta el inicio de la vista oral.
Durante la jornada de hoy están citados varios testigos clave, entre ellos la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Antonia Palomo, en una vista que se prevé que se prolongue hasta el jueves.
El caso ha adquirido una fuerte carga simbólica y política, al poner bajo escrutinio uno de los episodios más delicados de la gestión migratoria en Ceuta, en un contexto marcado por la tensión entre España y Marruecos y la fragilidad del control fronterizo en el Estrecho.
