El Kremlin aprueba una nueva ley que permitirá procesar a ciudadanos por consultar información prohibida en la red
Después de ilegalizar prácticamente cualquier forma de protesta pública, el Gobierno ruso ha dado un nuevo paso en su cruzada contra la disidencia digital: ahora se castigará incluso buscar información que las autoridades consideren “extremista”. Así lo recoge una enmienda legislativa aprobada este martes por la Duma Estatal, que convierte en delito la simple búsqueda y acceso a ciertos contenidos en Internet.
El concepto de “extremismo” en Rusia es tan amplio como difuso. El Ministerio de Justicia mantiene una lista de más de 500 páginas con unas 5.500 entradas que incluyen desde organizaciones LGBT hasta grupos indígenas, escritores disidentes y entidades como la Fundación Anticorrupción. Cualquiera que acceda deliberadamente a este tipo de contenidos —incluso mediante VPN— podrá ser multado, procesado y, en algunos casos, condenado.
La ley contempla sanciones iniciales de hasta 5.000 rublos (unos 60 euros), aunque podría dar pie a cargos más severos. También se imponen multas de hasta 600 euros a quienes promocionen servicios VPN, y de hasta 6.000 euros en el caso de empresas.
Las reacciones no se han hecho esperar. Este martes, cuatro personas fueron detenidas frente a la Duma por protestar contra la nueva normativa. Entre ellas se encontraban el politólogo Dimitri Kisiev, que sostenía un cartel con el mensaje “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”, y el opositor Boris Nadezhdin, que anunció más piquetes en defensa de la libertad digital.
La medida forma parte de una ofensiva más amplia que el Kremlin mantiene desde 2022 contra las plataformas digitales. Tras prohibir Facebook, Instagram y Twitter, ahora el foco se centra en WhatsApp, que podría ser expulsada del país próximamente.
Paradójicamente, la presidenta de la Liga de Internet Segura, Ekaterina Mizulina —habitual defensora de la censura— ha mostrado su desacuerdo. Considera que esta ley impedirá incluso a los “cazadores de contenido extremista” realizar su trabajo sin infringir la normativa. Mizulina pidió que se celebre un debate público sobre la enmienda.
El texto legal indica que, para que exista delito, debe comprobarse que el usuario tanto buscó como accedió al contenido prohibido. Sin embargo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) no necesitará comprobarlo in situ: podrá rastrear a distancia las actividades online de los ciudadanos, incluidas sus búsquedas y pestañas abiertas.
“Es previsible que se responsabilice a personas solo por tener una búsqueda en el historial o una pestaña abierta con contenido considerado extremista”, advirtió el abogado Andrei Grivtsov al diario Kommersant.
Algunos ciudadanos ya han comenzado a borrar su historial a diario, aunque expertos como Vasily Stepanenko, directivo de un proveedor de servicios en la nube, advierten que eso no será suficiente: los sitios bloqueados y los propios servicios VPN pueden verse obligados a entregar registros de actividad a las autoridades.
Mientras tanto, las solicitudes de protesta siguen siendo rechazadas con el argumento de las restricciones por la pandemia de coronavirus, aún vigentes en Moscú. En paralelo, la Policía irrumpió este martes en las oficinas del medio independiente Baza, una de las pocas publicaciones que aún no están bajo el control del Kremlin.
Con esta nueva normativa, el margen para el pensamiento crítico y la privacidad digital en Rusia se estrecha aún más. Lo que hasta ahora era una distopía de ficción se convierte, poco a poco, en norma legal.
