La comunidad vecinal de Patraix, un barrio tradicional de Valencia, lleva más de un año inmersa en una intensa batalla legal y social. El motivo: recuperar el control sobre los bajos comerciales de su edificio, que fueron vendidos sin su consentimiento y transformados en 24 apartamentos turísticos.
Un total de 147 familias se han organizado para frenar lo que consideran una amenaza directa a su calidad de vida. Los vecinos denuncian que la actividad turística genera un flujo constante de personas –unas 10.000 al año, estiman–, lo que ha alterado la convivencia y la tranquilidad de la comunidad.
“Esto no es un hotel, es nuestra casa”, señalan algunos afectados, que han interpuesto reclamaciones para investigar cómo se produjo la venta de los locales, que pertenecían inicialmente a la comunidad de propietarios.
Además del impacto en la seguridad y el descanso, temen un deterioro progresivo del edificio y una posible pérdida de valor de sus viviendas. Algunos vecinos afirman que se enteraron de la conversión cuando vieron a turistas arrastrar maletas por los pasillos.
El conflicto ha visibilizado un problema creciente en muchas ciudades españolas: la expansión del turismo en zonas residenciales y la falta de herramientas legales para impedir usos no deseados del espacio común.
Mientras los propietarios de los apartamentos turísticos aseguran que cuentan con los permisos necesarios, los vecinos insisten en que la venta se hizo sin transparencia y que existe base jurídica para revertirla.
El caso sigue su curso y podría sentar un precedente en la regulación de viviendas turísticas en espacios comunitarios.
