El Gobierno central ha presentado este miércoles un protocolo de actuación para la acogida de menores refugiados, en un intento por cumplir con la orden dictada hace dos meses por el Tribunal Supremo. La medida llega ‘in extremis’, tras un periodo de inacción que ha generado tensiones con el Ejecutivo de Canarias, una de las comunidades más afectadas por la llegada de solicitantes de asilo.
Según fuentes gubernamentales, el nuevo protocolo busca distribuir de manera más equitativa a los menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Sin embargo, Canarias ha mostrado su malestar por lo que consideran una “decisión unilateral”, y ha reclamado una implicación real del Estado en la asunción de responsabilidades, tanto en materia de acogida como de financiación.
“El Gobierno central no puede delegar todo el peso sobre los territorios fronterizos. Llevamos meses alertando de la saturación del sistema y ahora nos presentan un plan sin consenso”, han señalado desde el Ejecutivo canario.
El protocolo presentado intenta dar respuesta a la creciente presión migratoria que afrontan las islas, donde cientos de menores permanecen en condiciones precarias ante la falta de recursos y plazas suficientes. Aunque el Gobierno confiaba en la complicidad de Canarias para implementar el nuevo sistema, la reacción de las autoridades insulares anticipa una negociación complicada.
Organizaciones sociales y de derechos humanos también han criticado la demora del Ejecutivo en cumplir con la sentencia del Supremo, que instaba a garantizar la protección de los menores refugiados conforme a la normativa nacional e internacional.
A la espera de su aplicación efectiva, el protocolo aún debe ser debatido con las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial, donde se espera una negociación intensa sobre cuotas, financiación y criterios de reparto.
