Veintinueve familias que residen en pisos de alquiler gestionados por la Tesorería de la Seguridad Social han recibido un aviso formal para desalojar sus hogares antes del próximo 31 de julio. Estas familias denuncian que no se trata de una acción de fondos buitres ni de especuladores privados, sino de una medida impulsada directamente por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los afectados muestran su indignación ante la situación, ya que sus viviendas forman parte del parque público gestionado por el Estado y esperaban poder seguir habitándolas en condiciones dignas. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social les ha comunicado la obligación de abandonar las casas en un plazo muy corto, generando incertidumbre y preocupación por su futuro habitacional.
Las familias afectadas reclaman una solución que garantice su derecho a una vivienda estable y acusan al Ejecutivo de actuar de forma injusta y precipitada, dejando en evidencia las dificultades actuales para acceder a un alquiler asequible en España.
