Las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales llaman a tres días de huelga contra las reformas del Gobierno. Pese al paro, no verán reducida su nómina, ya que el Ministerio de Justicia no tiene competencias para aplicar descuentos salariales.
La judicatura española vivirá su sexta huelga en democracia tras el anuncio de tres jornadas de paro convocadas por asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. La movilización responde al rechazo de estas entidades a las reformas legislativas promovidas por el Gobierno, que consideran una amenaza a la independencia judicial.
A diferencia de la mayoría de los sectores, los jueces no sufrirán recortes salariales por participar en la protesta. El precedente se remonta a 2018, cuando el Ministerio de Justicia intentó por primera vez aplicar descuentos, retirando unos 200 euros de la nómina de cada huelguista. Sin embargo, la Audiencia Nacional falló que el Ministerio no era competente para ejecutar esa medida y ordenó devolver las cantidades retenidas.
Desde entonces, los paros convocados por los jueces no han tenido impacto económico sobre sus sueldos. Esta situación ha generado críticas en diversos sectores por tratarse de una huelga sin coste personal.
Aún no se han concretado las fechas exactas del paro, pero se prevé que la huelga afecte significativamente la actividad judicial en todo el país durante los días de su realización.
