La actividad judicial se ve seriamente afectada esta semana tras el inicio de una huelga de jueces y fiscales que se extenderá durante tres días.
La protesta tiene como objetivo mostrar el rechazo del colectivo a las reformas promovidas por el Ministerio de Justicia, que consideran perjudiciales para la independencia del poder judicial y las condiciones laborales del sector.
Durante los días del paro, se han establecido servicios mínimos que garantizan la atención de casos urgentes. Entre ellos se incluyen los juicios que involucren a personas en situación de vulnerabilidad, la adopción de “medidas cautelarísimas” y los levantamientos de cadáveres.
Los convocantes advierten que, si no se abre un canal de diálogo efectivo con el Ministerio, no descartan endurecer las medidas de presión en las próximas semanas.
