Ante la reforma del modelo de acogida para solicitantes de asilo, anunciada por el Gobierno hace meses, la organización pide que se tengan en cuenta las propuestas de organizaciones especializadas. El aumento exponencial de las cifras de solicitudes de asilo a partir de 2015 ha provocado situaciones de “tensión y desbordamiento” que un nuevo modelo debería evitar. Por este motivo, CEAR presenta el Libro Blanco del Sistema de Protección Internacional en España, con propuestas basadas en su dilatada experiencia y conocimiento de la materia.
CEAR ha presentado hoy el Libro Blanco del Sistema de Protección Internacional en España, en el que analiza el modelo existente y plantea una serie de propuestas de cara a la reforma del mismo anunciada por el Ministerio de Inclusión hace meses.
La organización, con más de 40 años de experiencia en asilo y migración, pone de relieve la necesidad de mejorar el sistema de protección internacional ante las “situaciones de tensión y desbordamiento” que se han dado en los últimos años tras el aumento exponencial de las cifras de solicitudes de protección internacional. Esto provocó disfunciones en el procedimiento de asilo, así como en el proceso de acogida e inclusión social, rigidez en la asignación de plazas, una planificación mejorable y descoordinación entre las administraciones implicadas, según CEAR.
“Hoy más que nunca es necesario defender el derecho de asilo y construir un sistema de protección internacional inclusivo, eficaz, equitativo, humanizador, no discriminatorio y respetuoso con la diversidad cultural”, manifiesta Carlos Berzosa, presidente de CEAR.
Por todo ello, apunta a que el sistema de acogida precisa de una necesaria actualización debido al crecimiento del flujo de personas que solicitan asilo en España, la adaptación al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y a la Directiva de Acogida. Pero sin ignorar los puntos fuertes del actual modelo: la integración social desde sus primeras fases, la atención integral y profesionalizada y la colaboración con organizaciones especializadas que cuentan con una larga experiencia en la atención a personas solicitantes de asilo, garantizando así la participación ciudadana en esta responsabilidad de los estados y, por tanto, un mayor éxito en la necesaria cohesión social.
“Lo que proponemos es un modelo flexible con capacidad de adaptarse a los cambios, ya que la situación del desplazamiento forzado es siempre inestable y, la mayoría de las veces, poco predecible. Es necesario que exista un consenso amplio, que incluya las propuestas de las organizaciones especializadas y participantes del sistema, para proteger al nuevo modelo de asilo de coyunturas y vaivenes políticos“, destaca Estrella Galán, directora general de CEAR.
Por este motivo, CEAR reclama al Gobierno que el nuevo sistema de protección internacional tenga en cuenta las siguientes propuestas que recoge el Libro Blanco del Sistema de Protección Internacional en España:
- Crear una Agencia gubernamental autónoma responsable de las políticas estatales de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, así como órganos autonómicos de gobernanza, coordinación y gestión, potenciando las mesas técnicas de coordinación con las administraciones públicas y las entidades especializadas que participan en el sistema de acogida.
- Articular el sistema de acogida con una primera fase centrada en proporcionar una recepción y acompañamiento inicial de responsabilidad estatal, mientras la solicitud de asilo de la persona es evaluada; y una segunda fase de inclusión y autonomía de responsabilidad compartida, estatal y autonómica, una vez se resuelve su petición.
- Mantener el carácter inclusivo y garantista actual, cuyos principios básicos son la integración y la inclusión social desde el primer día que la persona comienza su proceso de acogida, independientemente de la previsión que pueda existir respecto a su resolución favorable o denegación.
- Potenciar la responsabilidad y solidaridad compartida entre territorios, a través de una serie de requisitos mínimos de distribución y criterios equitativos en la asignación de plazas para que no existan diferencias ni arbitrariedades en la atención jurídica, social, laboral o psicológica según el lugar donde residan quienes buscan protección.
- Aportar sostenibilidad al sistema dotándole de recursos y medios suficientes, y desarrollando un plan formativo dirigido a todo el personal de las administraciones públicas.
- Priorizar la experiencia de las entidades sociales especializadas y de la propia administración en la gestión del sistema, frente a criterios meramente económicos que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del mismo evitando así el riesgo que supone la entrada de nuevos proveedores de servicios con un exclusivo ánimo de lucro y/o sin experiencia en esta delicada materia.
