La Audiencia Nacional ha impuesto medidas cautelares a dos ex altos cargos del Ministerio de Transportes en el marco del conocido como “caso Koldo”. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, deberán entregar su pasaporte y tienen prohibido salir de España tras declarar como imputados.
Ambos exresponsables están siendo investigados por su presunta implicación en una red de adjudicaciones fraudulentas a empresas como Acciona, OPR (Obras Públicas y Regadíos) y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción). Según la Guardia Civil, habrían facilitado contratos públicos a cambio de comisiones, aunque en sus declaraciones ante el juez se desvincularon de cualquier irregularidad y aseguraron que actuaron conforme a los procedimientos administrativos.
El caso, que comenzó con la investigación de contratos presuntamente irregulares para la compra de mascarillas durante la pandemia, ha evolucionado hasta incluir sospechas sobre obras públicas. La causa afecta directamente al entorno del PSOE, salpicando a los exsecretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como a Koldo García, exasesor de Ábalos y figura central en la investigación.
Con estas nuevas medidas, el procedimiento judicial entra en una fase más compleja, con implicaciones que podrían seguir escalando en el ámbito político y administrativo.
