El expresidente catalán Carles Puigdemont ha arremetido contra la sentencia que condena al Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel considerado excesivo de catalán en un proceso de contratación pública. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona, declara nulas las bases del concurso y obliga al consistorio a rebajar de B2 a A2 el requisito lingüístico para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento.
Puigdemont, a través de un mensaje en redes sociales, ha denunciado que decisiones judiciales como esta “devuelven a Cataluña al régimen monolingüe que impuso Franco”. Según el líder de Junts, “el uso del catalán es tolerado, pero nunca en igualdad con el castellano” y, en caso de conflicto, “los jueces siempre resuelven en contra nuestra”.
En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del partido, Jordi Turull, quien ha acusado a la justicia de mantener “una cruzada contra el catalán”. “Pedir el conocimiento de la lengua propia del país para acceder a un puesto de trabajo no es excluyente, es garantizar un derecho”, ha defendido.
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Por su parte, el alcalde de Vic, Albert Castells, ha anunciado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia “hasta la última instancia” y ha asegurado que “no se dejará intimidar”. Castells ha defendido que “la lengua es el pilar fundamental de la convivencia y la cohesión” y que el consistorio debe “garantizar su pervivencia”.
El juez, sin embargo, considera que la exigencia de un nivel B2 de catalán para un puesto “eminentemente manual” supone una “barrera excluyente” y constituye “discriminación directa por razón de lengua”. El magistrado subraya que el trabajo no requiere “interacción lingüística compleja”, motivo por el cual la administración deberá ajustar el requisito al nivel básico (A2).
