El sector hostelero de Ceuta se encuentra al límite. Diversos empresarios del sector han alzado la voz contra lo que consideran un acoso sistemático por parte de la Delegación del Gobierno, encabezada por Cristina Pérez, a través de un aluvión de inspecciones que califican de arbitrarias, reiterativas y, sobre todo, asfixiantes.
Desde hace meses, numerosos negocios hosteleros —bares, restaurantes, hoteles y locales de ocio— vienen siendo objeto de un inusual incremento en la frecuencia y severidad de las inspecciones por parte de distintas administraciones, coordinadas bajo el amparo del Gobierno central. Los hosteleros denuncian que se trata de una persecución institucional sin precedentes, camuflada de control administrativo, pero con un evidente trasfondo político y represivo.
“Estamos siendo tratados como delincuentes, como si la hostelería fuera el problema número uno de esta ciudad”, lamenta uno de los empresarios afectados, que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias. “No es una cuestión de legalidad, es una cuestión de hostigamiento. Vienen una semana sí y otra también. Siempre encuentran alguna excusa para abrir expediente, paralizar una actividad o incluso imponer sanciones desproporcionadas por supuestas infracciones menores.”
La delegada del Gobierno, Cristina Pérez, se ha mantenido en silencio ante las acusaciones del sector, mientras crece la indignación por lo que los afectados describen como una “campaña de desgaste” que pone en peligro la supervivencia de decenas de negocios y, con ellos, cientos de empleos.
“La Delegación del Gobierno está utilizando las inspecciones como herramienta de presión política, no de control legítimo”, señala un miembro de la asociación de hosteleros. “Estamos hartos de la doble vara de medir: mientras a nosotros nos machacan con burocracia, otros sectores campan a sus anchas. Lo que está haciendo Cristina Pérez es inaceptable, y Ceuta no se merece este tipo de gestión.”
Desde la oposición política local también comienzan a llegar críticas hacia la Delegación, a la que acusan de ignorar los problemas reales de Ceuta —como la falta de oportunidades laborales, el colapso de la frontera o el abandono de los jóvenes— para centrarse en perseguir a quienes intentan crear riqueza y empleo.
El malestar en el sector crece, y no se descarta que en los próximos días se organicen protestas públicas o incluso un paro generalizado de la hostelería como medida de presión. Lo que es seguro es que la paciencia se agota, y el silencio institucional ante una situación tan grave solo alimenta la sensación de indefensión y abuso de poder.
