La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha reclamado al ministro de Política Territorial y Función Pública un acuerdo de legislatura para mejorar las condiciones laborales, reducir la temporalidad y reforzar las administraciones públicas, que se han visto seriamente tensionadas por la pandemia.
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El último ejemplo lo hemos visto esta misma semana con el ataque informático que ha sufrido el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), un organismo cuyos equipos tienen una antigüedad media de 30 años. CSIF ha pedido una oferta de empleo público específica para el SEPE y una mejora de las RPT (relación de puestos de trabajo), para favorecer el refuerzo de efectivos de este servicio esencial para la ciudadanía en estos momentos de crisis.
Propuesta de hoja de ruta.
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Más allá del ejemplo del SEPE, CSIF ha trasladado al ministro su propuesta de hoja de ruta. En primer lugar, reclamamos el cumplimiento de los puntos pendientes de los acuerdos de 2017 y 2018: ejecución de los fondos adicionales, jornada laboral de 35 horas, desarrollo de los planes de Igualdad y del Teletrabajo, así como la jubilación parcial de determinados colectivos cuya actividad sea especialmente gravosa para la edad a partir de los 60 años.
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A partir de ahí CSIF propone al ministro:
– Acabar con la alta tasa de temporalidad. La temporalidad en las administraciones públicas se sitúa ya en el 30 por ciento, casi diez puntos por encima del sector privado. La temporalidad la han provocado las administraciones y está provocando situaciones personales muy difíciles. Por ello, CSIF plantea la necesidad de dar seguridad jurídica y ampliar nuestro marco legislativo para fijar qué situaciones de contratación temporal se consideran en abuso y fraude de ley y establecer medidas sancionadoras (civiles, penales y disciplinarias) para los gestores y/o administraciones responsables de esta situación de abuso de la contratación. Además, hay que instaurar inspecciones para identificar las situaciones de abuso y reparar a las personas afectadas de los perjuicios sufridos mediante la aplicación de la Directiva Europea.
– Plan de recursos humanos. Eliminación de la tasa de reposición y la creación en tres años de 289.235 puestos de trabajo en la Sanidad y 106.392 en el resto de los ámbitos.
– Recuperación de la estructura salarial para los EEPP previa a los recortes de 2010, que permita la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo con un incremento interanual al menos del 3%.
– Habilitación de fondos para acabar con las diferencias retributivas entre administraciones públicas. Igual trabajo, igual salario.
– Desarrollo de las Leyes de Función Pública.
– Regulación de la carrera profesional.
– Adecuación de los complementos de residencia e insularidad
– Reconocimiento de las lenguas cooficiales como mérito, nunca como requisito.
– Adecuación de los haberes reguladores en las pensiones de clases pasivas para corregir la actual diferencia existente en la jubilación entre el régimen de Clases Pasivas y el Régimen General. Entre otras medidas, proponemos adecuar los haberes reguladores o la posibilidad, con carácter voluntario de pasar a la jubilación del régimen general.
– Creación de la figura de delegada/o de Igualdad y Violencia de Género
– Adecuación de los Grupos de clasificación a las nuevas titulaciones para el acceso a la función pública.
– Jubilación voluntaria a los 60 años y desarrollo de la jubilación parcial con contrato de relevo.
