El Gobierno de España minimiza la gravedad de la situación que atraviesa la atención psiquiátrica en Ceuta, pese a las denuncias de sindicatos y asociaciones sanitarias que alertan de una crisis continuada ante la falta de especialistas. A principios de noviembre, el Sindicato Médico informaba de que la psiquiatra recientemente contratada había renunciado a su puesto, dejando nuevamente a la ciudad sin esta figura clave.
Pese a este escenario, el Ejecutivo sostiene que dispone de los recursos necesarios y rechaza cualquier alarma. Su versión contrasta con las críticas de colectivos profesionales y de pacientes, que insisten en la existencia de una situación límite.
En respuesta a las preguntas de los senadores del Partido Popular, el Gobierno niega que se hayan cancelado consultas y asegura que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha actuado de manera “adecuada y eficaz”, activando los planes previstos para garantizar la continuidad del servicio.
Derivaciones y contratos externos ante la falta de especialistas
Según la respuesta oficial, Ingesa cuenta con una dotación estructural de cuatro psiquiatras, ampliable a dos más si fuera necesario. Ante las bajas médicas que han dejado el servicio sin profesionales, se puso en marcha un plan de contingencia que incluyó la contratación de centros externos.
En un primer momento, las consultas no urgentes se derivaron a la clínica privada Hospitén de Estepona (Málaga), ante la saturación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, la baja de la psiquiatra de ese centro obligó a rescindir el contrato y trasladar las consultas a la Clínica Virgen del Rosario, en Algeciras (Cádiz). El Ejecutivo destaca que Ingesa cubrió los gastos de transporte y manutención de los pacientes que debieron desplazarse.
Desde el 26 de agosto, los pacientes adultos son atendidos nuevamente en la Unidad de Salud Mental del propio Ingesa.
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Apoyo desde hospitales andaluces
El Gobierno explica que la atención urgente ha contado con el apoyo de psiquiatras de guardia de hospitales del SAS, quienes colaboran en la valoración de pacientes y determinan derivaciones o ingresos cuando es necesario. También señala que asume los costes asociados a estos traslados.
La actuación de la dirección y gerencia de Ingesa, insiste el Ejecutivo, ha sido “eficaz y eficiente”, permitiendo mantener todos los servicios.
Aunque el Gobierno remarca que el pasado 2 de septiembre se incorporó un profesional de apoyo, no menciona que este causó baja a principios de noviembre, pese a que la respuesta está fechada el 14 de ese mismo mes.
Escasez nacional de especialistas
El Ejecutivo incide en que no existen psiquiatras infanto-juveniles disponibles a nivel nacional, ya que la primera promoción de esta nueva especialidad aún se encuentra en formación. Asegura que los psiquiatras generalistas están capacitados para tratar a menores y que en Ceuta las consultas presenciales, tanto iniciales como sucesivas, están garantizadas.
Sobre el uso de medios telemáticos
Ante las críticas por las consultas a distancia, el Gobierno sostiene que estas se utilizan como herramienta complementaria para coordinación entre niveles asistenciales o interconsultas con otros centros peninsulares, como ocurre en otras especialidades.
El Gobierno niega cancelaciones y defiende su respuesta
El Ejecutivo insiste en que “no ha sido cancelada ninguna consulta”. Explica que los pacientes adultos fueron reprogramados y derivados entre el 28 de julio y el 26 de agosto, mientras que los menores lo fueron hasta el 13 de octubre.
Finalmente, recuerda que la normativa prevé cubrir bajas médicas, recurrir al SAS por proximidad y, como último nivel de respuesta, derivar a centros concertados.
