La Guardia Civil destapa en un informe el mecanismo de contratos fraccionados en las obras del puente de Sevilla. La empresa Servinabar, vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, se benefició con casi 1,8 millones de euros, con Antonio Muñoz Cano como único empleado presencial registrado en la adjudicación.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación que afecta a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha sacado a la luz un complejo mecanismo de adjudicaciones irregulares en las obras del Puente del Centenario de Sevilla.
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El documento policial revela que la empresa Servinabar, asociada al entorno del dirigente socialista y a Antxón Alonso, empresario vinculado a la trama, obtuvo casi 1,8 millones de euros en subcontrataciones relativas a la obra, una adjudicación principal que ascendió a 84,9 millones.
Lo más destacado de la investigación es que, para justificar la millonaria facturación de Servinabar en la obra, la compañía solo tenía registrado un trabajador presencial: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, contratado bajo la categoría de «peón especialista».
Troceo de contratos y pagos opacos
La UCO detalla que el beneficio de Servinabar se basaba en un «Memorándum de Entendimiento» firmado en 2018. Dicho acuerdo garantizaba a la empresa una comisión del 2% de cada obra adjudicada a la constructora principal, Acciona, en el entorno del Puente del Centenario. Esta estrategia permitió trocear los contratos y evitar los procedimientos de licitación pública habituales.
Los ingresos se canalizaron a través de al menos 21 facturas emitidas desde 2020 con conceptos intencionadamente vagos, como «ayudas servicios varios», «topografía» o «seguridad y salud». Los investigadores subrayan que la imprecisión de estos conceptos dificulta verificar si los servicios fueron realmente prestados, especialmente cuando algunas facturas por trabajos en la obra se cargaron en fechas que preceden a su supuesta realización.
Esta operación se suma a la línea de investigación del caso Koldo, que ya apuntaba a la influencia de Santos Cerdán sobre las obras públicas y su conexión con el entramado empresarial bajo sospecha.
