El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes terminó sumido en la tensión después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzara las líneas maestras del nuevo sistema de financiación autonómica que prevé presentar en el primer trimestre de 2026. La propuesta, todavía sin cifras concretas, combina una “garantía de singularidad” para Cataluña y un mecanismo de “desincentivos” dirigido a las comunidades que apliquen rebajas fiscales, en clara referencia a Madrid.
La reunión vivió uno de sus momentos más broncos cuando la consejera de Hacienda madrileña, Rocío Albert, acusó a Montero de “reírse” de los consejeros autonómicos por plantear un marco que, según ella, “cabe todo y no concreta nada”. Montero defendió que el sistema primará a los territorios con mayor esfuerzo fiscal y alertó de los “efectos perversos” del llamado dumping fiscal, que —explicó— empuja a otras comunidades a bajar impuestos para no perder competitividad.
Pese a esta advertencia, la vicepresidenta defendió que el modelo ampliará la “autonomía fiscal” de las comunidades, lo que incrementaría su capacidad normativa para modificar tributos, especialmente al alza.
Un modelo “multilateral y bilateral” a la vez
Otro de los puntos que generó fricción fue el anuncio de Montero de que la negociación será “multilateral”, como es habitual, pero también “bilateral en algunas cuestiones”, lo que provocó la protesta del consejero castellano-manchego Juan Alfonso Ruiz Molina, que no ve compatible ambas vías. La consellera catalana Alicia Romero, en cambio, se mostró satisfecha al subrayar que el futuro sistema “garantizará la singularidad de Cataluña”.
Varias comunidades gobernadas por el PP expresaron públicamente su incredulidad ante un esquema que consideran indefinido. “No es serio”, afirmó la valenciana Ruth Merino, mientras que Murcia reclamó de nuevo un fondo transitorio para los territorios infrafinanciados, sin obtener respuesta.
Montero aseguró que intentará pactar con el Partido Popular, aunque matizó que el resultado dependerá de la posición de cada territorio. Su objetivo, dijo, es que el nuevo modelo entre en vigor en 2027.
Aprobación de la senda de déficit con votos mínimos
La reunión dejó únicamente un acuerdo efectivo: la aprobación de la senda de déficit para las comunidades autónomas, que quedará fijada en el 0,1% hasta 2028. La medida salió adelante únicamente con el apoyo de Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Según Montero, esta senda permitirá un margen adicional de gasto superior a 5.000 millones respecto al esquema actual.
El encuentro comenzó ya con polémica. Los consejeros del PP rechazaron aprobar el acta de la sesión previa alegando que había sido “falseada”, porque consignaba como “abstención” la ausencia deliberada de los representantes populares en la votación sobre el impuesto a la banca y la condonación de deuda. Montero alegó contar con un informe jurídico “verbal” que avalaba esa interpretación, lo que provocó nuevas protestas.
