El fraude en la venta de hidrocarburos se ha convertido en un problema creciente en España, con operaciones ilegales que han proliferado en los últimos años. Estas actividades fraudulentas, llevadas a cabo por empresas fantasma, han resultado en una pérdida anual de más de 1.000 millones de euros para Hacienda.
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de fraude. Sin embargo, las empresas involucradas en estas prácticas suelen desaparecer rápidamente, complicando la labor de las autoridades. Un caso reciente que ha captado la atención pública es el de Víctor de Aldama y su socio, quienes han sido vinculados al ‘caso Koldo’ y actualmente enfrentan prisión provisional.
Estas sociedades pantalla compran carburante importado a precios ligeramente superiores al promedio del mercado. Posteriormente, lo venden a minoristas a un precio más bajo, permitiendo que ciertas gasolineras ofrezcan combustible hasta 5 céntimos por litro más barato. Aunque estos mayoristas cobran el IVA a las estaciones de servicio, nunca lo transfieren a Hacienda.
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Según Inés Cardenal, directora de comunicación de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, la cantidad que Hacienda deja de ingresar anualmente duplica la partida destinada a Vivienda en los Presupuestos Generales del Estado o equivale al costo de diez hospitales públicos. Además, estas empresas no cumplen con la normativa de añadir biocombustibles, lo que supone una evasión adicional de 600 millones de euros al año.
Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, describe esta situación como un crimen organizado que amenaza un sector estratégico en España. Las consecuencias de estas prácticas fraudulentas son especialmente perjudiciales para las gasolineras pequeñas, que no pueden competir con los precios reducidos ofrecidos por las estaciones que compran a estos mayoristas ilegales.
Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), señala que los consumidores, atraídos por los precios más bajos, acuden a estas instalaciones ilegales, expulsando del mercado a las estaciones que operan dentro de la legalidad.
Ante esta problemática, el sector demanda medidas urgentes, como el pago del IVA en el momento en que el carburante se extrae del depósito y un fortalecimiento de los controles para operar en el mercado. Estas acciones son esenciales para proteger tanto a las arcas públicas como a las empresas que cumplen con la normativa vigente.
