CEUTA – La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha participado en un encuentro con militantes de la formación en Ceuta, un acto que también ha servido para reconocer la trayectoria de los afiliados con mayor antigüedad en la ciudad autónoma. Durante su intervención, García ha defendido que la familia debe ocupar un lugar prioritario y transversal en la elaboración de las políticas públicas.
En un contexto de crítica al modelo social actual, la dirigente de Vox ha cuestionado la gestión de los partidos mayoritarios en las últimas décadas, asegurando que las políticas familiares no han tenido el peso suficiente. García ha señalado que el volumen de recursos que España destina a este ámbito es inferior al de otros países de la Unión Europea, lo que a su juicio evidencia una «falta de atención institucional». Ante esto, ha propuesto que cualquier decisión pública evalúe de forma sistemática su impacto sobre el núcleo familiar.
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Natalidad, vivienda y conciliación
El discurso de la portavoz se ha centrado en la necesidad de impulsar medidas concretas que favorezcan el incremento de la natalidad, faciliten el acceso de los jóvenes a la vivienda y refuercen la conciliación entre la vida laboral y la personal. Para Vox, el fortalecimiento de la estructura familiar resulta un elemento «esencial» para garantizar el futuro social y económico del país.
Asimismo, en el tramo final de su intervención, García ha planteado la importancia de establecer criterios de prioridad vinculados a la relación de las personas con el territorio a la hora de aplicar determinadas políticas públicas.
El debate sobre la prioridad nacional
Esta posición se alinea con la estrategia que la formación ha mantenido a nivel parlamentario durante este mes de junio. En el Pleno, Vox reclamó recientemente al PSOE la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas. Desde la formación explicaron que con esta postura buscan confrontar la intención de los socialistas de ampliar los beneficios sociales a las personas que entran de manera ilegal en el país, poniendo en valor que los recursos e incentivos se dirijan prioritariamente a los ciudadanos nacionales.
