La periodista de 28 años está detenida desde el sábado 31 de agosto acusada de mantener relaciones sin estar casada y de haberse sometido a un aborto ilegal. Su pareja, el ginecólogo que supuestamente la intervino y dos trabajadores de la clínica también esperan el juicio
En Marruecos hoy comparece Hajar Raissouni en un juicio que numerosas voces consideran político. Periodistas como Ignacio Cembrero han tachado la operación como un «golpe al sector islamista moderado«, puesto que Raissouni proviene de una familia crítica con algunas cuestiones de Estado. Un tío suyo es presidente de la Unión Mundial de Ulemas. Otro pariente es columnista de izquierdas de Ajbar al Yaum, el mismo periódico donde trabaja Hajar. El director de este medio cumple una condena de 12 años en la cárcel por supuestas agresiones sexuales. Y la misma periodista cubrió las revueltas en el Rif, entrevistando al líder del movimiento rifeño Nasser Zafzafi, condenado actualmente a 20 años de prisión. Todo esto habría conllevado una persecución estatal contra la periodista.
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«Invasión de la intimidad» de la periodista
En las declaraciones la semana pasada ante la fiscalía todos los acusados negaron que la periodista hubiera abortado, práctica penalizada en el reino de Mohamed VI a no ser que el feto esté deformado, el embarazo haya sido fruto de una violación o corra peligro la vida de la madre. Sin embargo, en la primera declaración policial los trabajadores de la clínica habrían confesado la operación. Heba Moraye, de Aministía Internacional, afirma que «estas acusaciones contra Hajar Raissouni son una indignante invasión de su intimidad».
Entidades marroquíes que trabajan en la protección de los derechos humanos, como la asociación tetuaní Sayyida al-Hurra, piden la liberación inmediata de Hajar Raissouni así como del resto de implicados en la causa. Exigen que la legislación nacional se adecue a «acuerdos y tratados internacionales». También piden que «el Gobierno y el Parlamento» cumplan «con sus obligaciones y sus compromisos promulgando leyes penales justas para las mujeres». Es decir, que la legislación permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo libremente.
