Siguen pasando las semanas y la concesión directa a la empresa de autobuses sigue sin materializarse. Entre tanto, la plantilla ha denunciado públicamente esta semana que la empresa pretende descolgarse del convenio colectivo, por lo que en el horizonte se otea una huelga sin servicios mínimos
Noviembre ha sido el último plazo que se ha dado la Consejería de Fomento y Turismo para hacer realidad el acuerdo por el que la Ciudad se comprometió en julio a otorgar a la empresa Hadú-Almadraba una concesión directa por un máximo de dos años y condicionada a la elaboración de un nuevo pliego para la licitación pública del contrato del servicio de transporte urbano. Sin embargo, pasadas las dos primeras semanas del mes, según se deduce de las declaraciones del titular de Fomento, Alberto Gaitán, la situación no parece haber avanzado mucho con respecto a semanas anteriores.
Y es que el contrato lleva dos meses a falta de una firma o de un «informe final» para salir adelante, pero no termina de salir. Este viernes, Gaitán volvió a insistir en que desde la Consejería que dirige «se ha desarrollado un trabajo que es poder establecer la contratación directa con la empresa de autobuses, que no tenía un respaldo jurídico vigente en los momentos actuales. Es un proceso administrativo pesado que ha llevado su tiempo, pero que ya está todo desarrollado y, por tanto, pendiente en estos próximos días de la firma de la resolución definitiva«. Unas palabras que se asemejan al discurso que viene manteniendo el consejero durante estos últimos meses en los que, aludiendo a lo extenso del expediente y a la complejidad burocrática, ha ido posponiendo para las «próximas semanas» la materialización de la concesión directa.
Entre tanto, la empresa lleva ya un año prestando el servicio fuera de contratación ya que la última prórroga del contrato que tenía adjudicado venció a finales de 2019. Desde entonces, el servicio se ha ido prestando en condiciones de «alegalidad» y con la llegada de la pandemia se han puesto de relieve las costuras de este apaño: ante un descenso notorio de pasajeros, la empresa ha dejado el servicio de autobuses con rotaciones mínimas -todavía mantiene en ERTE a más de 25 trabajadores- e incluso ha llegado a suspender unilateralmente líneas enteras como la de Benzú o la de San Amaro. Todo ello sin que la Ciudad pueda, legalmente, reclamarle nada, porque la empresa no está sujeta a ningún contrato, por lo que no puede haber incumplimiento del mismo.
La plantilla de la empresa denuncia amenazas de descuelgue del convenio
Por su parte, la plantilla de la empresa ha denunciado públicamente que Hadú-Almadraba ha cumplido «su amenaza» y ha iniciado «trámites» para llevar a cabo un descuelgue del convenio colectivo que consistiría en «dejar de abonar algunos complementos que los trabajadores vienen percibiendo». En este sentido, el Comité de Empresa sostiene que, aunque entiende que la empresa no atraviesa un buen momento económico y que registra pérdidas desde marzo, no son los trabajadores quienes tienen que asumir esas pérdidas rebajando su suelo o perdiendo derechos fundamentales como vacaciones y/o descansos.
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La municipalización del servicio
Desde el Comité de Empresa abogan por la municipalización del transporte urbano ya que entienden que, con las condiciones actuales, es la única manera de garantizar un servicio digno para la ciudadanía y también de mantener los puestos de trabajo. En este sentido, el Comité entiende que el verdadero problema va a estar en la elaboración del nuevo pliego de contratación para la licitación pública del servicio. Sobre todo, si como parece, aún cuando se reabra la frontera, la línea 7, la más boyante de la compañía, no vuelve a los niveles anteriores no solo a la pandemia sino a las restricciones fronterizas que venía imponiendo Marruecos.
Si se pretende que la flota de autobuses sea moderna (en este sentido el Gobierno de la Ciudad ha enviado propuestas al programa Next Generation que apuestan por la reconversión del transporte urbano hacia modelos ecológicos que funcionen con energías limpias) y mejorar el servicio añadiendo más líneas y rotaciones, como la que conectaría el Centro Penitenciario con el centro de la Ciudad, para el Comité va a ser muy complicado que el Gobierno local consigue elaborar un pliego que resulte atractivo para que empresas privadas pujen por hacerse con el contrato, porque las empresas «están para ganar dinero» y asumir todas esas mejoras en el servicio podría suponer una inversión considerable.
Por ello, los trabajadores de la empresa, sindicatos e incluso partidos políticos instan al Gobierno de la Ciudad a municipalizar el servicio, ya que esta sería la única manera de mejorar la situación del transporte urbano en Ceuta y «acabar con la incertidumbre que sufren los trabajadores y las consecuencias que pueden afectar a la ciudadanía».
