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Madrid — El Gobierno ha acordado posponer la aprobación del real decreto ley de Vivienda, cuya tramitación estaba fijada para este martes en el Consejo de Ministros, y retrasarla hasta el mes de septiembre. La decisión responde a la falta de apoyos garantizados en el Congreso de los Diputados para su posterior convalidación, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
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Un paquete normativo atascado por las exigencias cruzadas
La medida, con la que el Ejecutivo buscaba articular un ambicioso paquete para contener los precios del alquiler y acelerar la oferta de vivienda asequible antes del parón estival, se ha topado con vetos contrapuestos entre sus socios habituales de investidura.
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- Rechazo de Junts: La formación independentista se ha opuesto a la fórmula de un «decreto ómnibus» que aglutina diversas materias en un solo bloque legislativo sin margen de negociación parcial.
- Discrepancias de los socios de izquierda: Las exigencias cruzadas de formaciones como Podemos y EH Bildu respecto al alcance del control de rentas y las sanciones a plataformas turísticas han dificultado el consenso sobre el texto final.
Margen de negociación y prioridades estivales
Desde la cartera que dirige la ministra Isabel Rodríguez señalan que este margen de varias semanas permitirá buscar un «acuerdo amplio y transversal» que aporte seguridad jurídica a inquilinos y propietarios.
Con esta prórroga, el Ejecutivo opta por despejar el orden del día del último Consejo de Ministros del curso político para volcar la atención institucional en la gestión de la emergencia climática y la ola de incendios que afecta a amplias zonas del país, emplazando la negociación de la vivienda a la reanudación del periodo de sesiones tras el verano.
