«El sistema colapsará si no se garantiza el equilibrio de las cuentas a largo plazo y las y los trabajadores afrontarán nuevos recortes», denuncian desde el sindicato
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que la nueva reforma de las pensiones, a expensas de analizar el texto legal aprobado por el Consejo de Ministros, supone «una nueva penalización para las personas trabajadoras ya que regula un nuevo recargo (solidaridad) e incrementa el ya en vigor (mecanismos de equidad intergeneracional) en sus cotizaciones y no garantiza la viabilidad del sistema y el equilibrio entre ingresos y gastos».
CSIF valora el incremento de las pensiones mínimas que va a generar esta reforma, así como el que se establece en el complemento por brecha de género, pero entienden que «el Gobierno está buscando un efecto a corto plazo, teniendo en cuenta la cercanía de las próximas elecciones».
Sobre la actual regulación del complemento por brecha de género, aprobado en febrero de 2021, en CSIF quieren advertir de que su tramitación como proyecto de ley sigue dilatándose incomprensiblemente y exigen que finalice su tramitación parlamentaria para evitar que decaiga cuando se disuelvan las Cortes.
Sin embargo, esta reforma plantea dudas sobre el futuro del sistema dado que «estamos muy lejos de costear la brecha entre los ingresos por el alza de las cotizaciones y los gastos totales. CSIF ve con preocupación estas cuentas porque el sistema colapsará a largo plazo y probablemente las/os trabajadores deberán afrontar nuevos recortes en sus condiciones de jubilación, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años».
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Por tanto, exigen un debate honesto, realista y transparente, con la participación de todos los partidos políticos y abierto al resto de organizaciones sindicales representativas, como CSIF para afrontar el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para ello, piden que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder plantear modificaciones y propuestas.
Recuerdan que las anteriores reformas de las pensiones llevadas a cabo por gobiernos socialistas con el apoyo de CCOO y UGT, en 2011 y 2021, «han supuesto un incremento tanto en la edad de jubilación como en los años de cotización y una alta penalización a las jubilaciones voluntarias –una pérdida de hasta 8.000 euros al año–. CSIF viene reclamando el derecho a jubilarse a los 60 con 30 años cotizados y el 100% de la pensión para las jubilaciones voluntarias a partir de 38 años de cotización».
Lamentan que esta reforma salga adelante de nuevo con el apoyo de CCOO y UGT sin fijar, como exige CSIF, el derecho a la jubilación anticipada para colectivos como el personal de la Sanidad, «por la penosidad de las condiciones laborales y en respuesta al sacrificio y la entrega durante la pandemia y en la actual situación de precariedad de nuestro sistema sanitario».
