Plena Inclusión representa a más de 140.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Fue uno de los principales entes que presionó para que el Gobierno del Estado reformara la legislación electoral que ha dado como resultado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. Pero la Junta Electoral Central ha publicado una instrucción que desde Plena Inclusión consideran que ayuda a alimentar que las «falsas creencias de que estas personas son fácilmente más manipulables que el resto de la población».
Con los nuevos cambios unas 100.000 personas con discapacidad intelectual podrán votar en las próximas elecciones. Se trata de personas que tienen las capacidades civiles modificadas -lo que se llama incapacitación judicial- y que habían perdido el derecho al voto. Se modifican las capacidades civiles para proteger a las personas que, por ejemplo, puedan tener dificultades para administrar la economía doméstica.
Que una persona tenga dificultades en algunos ámbitos de su vida diaria no quiere decir que no tenga conciencia política y razonamiento para decidir quien quiere que le represente políticamente. Hasta ahora la mayoría de incapacitaciones también anulaban el derecho a voto. Las asociaciones no estaban de acuerdo y algunos jueces hace tiempo que dictan la conservación de este derecho. Ahora la legislación española lo ha reconocido para mucha gente, sin embargo, la Junta Electoral Central ha puesto un «pero» que desde Plena Inclusión consideran grave.
Los interventores y los apoderados podrán juzgar
Una direcriz del órgano electoral permite a interventores y apoderados de los partidos apuntar, en el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria. Para el director de Plena Inclusión España, Santiago López Noguera, es una norma arbitraria y discriminatoria y vulnera la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Cree que «permite sospechar a interventores y apoderados si una persona tiene discapacidad o no y si –por tanto- sobre la base de la discapacidad jugar que puede ser manipulada».
