Los altos cargos de la Diputación, implicados en una investigación por presuntas comisiones ilegales en el ‘Caso Mascarillas’
El Partido Popular de Almería ha activado la respuesta política tras las recientes detenciones de altos cargos en la Diputación Provincial, un suceso que sacude la agenda pública andaluza. En una declaración oficial, la formación ha querido marcar distancia de cualquier actitud de confrontación, asegurando su «máximo respeto a la acción judicial» y garantizando que no lanzará «ningún ataque a los jueces» que instruyen la causa.
Esta posición surge a raíz de una operación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga una presunta trama de contratos irregulares y cobro de comisiones ilegales desde la institución provincial almeriense.
La investigación: Comisiones por material sanitario y fraude
Los arrestos, que han puesto bajo la lupa al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y al vicepresidente, Fernando Giménez, además de al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (todos ellos del PP), se enmarcan en una pieza judicial del conocido como ‘Caso Mascarillas’.
La causa, bajo secreto de sumario, busca esclarecer si se produjo un desvío de fondos o el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos de material sanitario de emergencia durante el año 2020. Aunque la investigación está en curso, las fuentes indican que el coste real del material fue significativamente inferior al monto total de las adjudicaciones, señalando un posible fraude a las arcas públicas.
Repercusiones políticas
Desde el ámbito político, mientras el Partido Popular insiste en la presunción de inocencia de los implicados hasta que la justicia dictamine lo contrario, la oposición ha exigido la dimisión inmediata de los cargos detenidos. La situación subraya la promesa de la dirección regional del partido de cooperar plenamente con las autoridades y de aplicar su código ético interno de forma rigurosa ante cualquier indicio confirmado de corrupción.
La investigación, que se lleva a cabo desde el Juzgado número 1 de Instrucción de Almería, continúa abierta, y se espera que las declaraciones de los investigados y los nuevos hallazgos de la UCO definan el futuro político de la cúpula popular en la provincia.
