La fundación alega un presunto conflicto de intereses al ser la facultativa coordinadora de trasplantes y sostiene que el informe fue determinante en un proceso que tachan de «gravísimo».
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La Fundación Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia ante la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona contra la facultativa responsable de tramitar la eutanasia de Noelia. La organización imputa a la profesional un presunto delito de prevaricación, fundamentando su acusación en una supuesta vulneración de la normativa vigente. Según sostiene la entidad, la doctora habría incurrido en un «conflicto de intereses» al intervenir en el procedimiento mientras ejercía, simultáneamente, como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.
Supuestas irregularidades en el procedimiento
La denuncia presentada destaca que la médico, especialista en Medicina Intensiva, no era la facultativa habitual de la paciente ni mantenía una relación clínica previa con ella. Pese a esta circunstancia, Abogados Cristianos señala que la profesional se convirtió en una pieza «central» del proceso, calificando su informe de «determinante» para la resolución del caso.
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Desde la fundación aseguran que la doctora redactó a mano la solicitud de eutanasia, en la cual se hacía constar de forma prioritaria la voluntad de Noelia de ser donante de órganos y tejidos. No obstante, la parte denunciante subraya que la joven revocó dicha donación «en el último momento», un hecho que, a juicio de la organización, evidencia posibles irregularidades en la gestión del expediente desde su inicio.
Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, ha calificado el caso de «gravísimo», manifestando que no es lícito decidir sobre la vida de una persona cuando concurre un «interés directo en la obtención de sus órganos». Para la entidad, esta situación de incompatibilidad podría haber viciado de nulidad todo el procedimiento de prestación de ayuda para morir.
Situación judicial de la Comisión de Garantía
Este nuevo movimiento jurídico se produce en un contexto de investigaciones previas relacionadas con el mismo caso. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona admitió a trámite el pasado mes de noviembre una querella de la misma fundación contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat.
En aquel proceso, se investigan presuntos delitos de falsificación de documento público y prevaricación, basados en la supuesta simulación de un desacuerdo en el informe del 2 de julio de 2024 para elevar el caso a la comisión. Sin embargo, recientemente la Fiscalía ha solicitado el archivo de la investigación contra estos dos integrantes del comité de evaluación, tras las declaraciones prestadas en sede judicial.
