Los médicos que evaluaron al expresidente catalán concluyen que sufre un “deterioro cognitivo moderado” asociado a un trastorno neurocognitivo irreversible, lo que podría impedir su participación física en el juicio.
Los forenses que han examinado a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, han concluido que no está en condiciones físicas ni cognitivas para defenderse en un juicio, al presentar un deterioro intelectual significativo. Según su informe, el energético adverso es un trastorno neurocognitivo mixto, con características propias de una forma de alzhéimer junto a un componente vascular.
Tras realizar varias pruebas cognitivas en su domicilio y durante su ingreso hospitalario, los especialistas detectaron alteraciones en varias funciones clave: memoria, orientación en el tiempo, capacidad visuoespacial, fluidez verbal e inhibición. Además, observaron una fatiga cognitiva marcada que, con el paso de la exploración, dificultaba su concentración y comprensión.
El dictamen médico señala que esta condición es irreversible y progresiva, no dispone de un tratamiento eficaz para revertirla y sus efectos comprometen gravemente su capacidad procesal. En consecuencia, los peritos recalcan que no reúne los requisitos necesarios para participar activamente en el proceso judicial: no podría presentar sus argumentos ni responder con coherencia a las acusaciones.
Ante ello, la Audiencia Nacional ha acordado que Pujol comparezca el próximo lunes por videoconferencia, de modo que sus condiciones de salud no impidan su presencia desde un punto de vista formal. Además, los forenses que han elaborado el informe han sido convocados para ratificar sus conclusiones ante los magistrados antes del inicio del juicio.
El estado delicado de salud del expresidente es aún más delicado dado que ha sido hospitalizado recientemente por una neumonía. Sus médicos describen una evolución favorable, pero reconocen que su fragilidad física, sumada al deterioro cognitivo, complica enormemente su capacidad para afrontar una vista oral de larga duración.
La decisión de permitir su comparecencia remota no cierra el debate: aún está por decidir si su estado de salud podría justificar una exclusión definitiva del proceso judicial, una cuestión clave tanto para la defensa como para la acusación. Todo apunta a que la Audiencia Nacional deberá valorar con sumo cuidado hasta qué punto la justicia puede seguir adelante sin comprometer los derechos de un acusado con múltiples limitaciones.
