La decisión del Gobierno español de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de Marruecos en su red consular en España. El aumento masivo de solicitudes de documentación ha obligado a ampliar horarios y jornadas laborales para atender la elevada demanda de ciudadanos marroquíes inmersos en el proceso.
Tras la aprobación de la iniciativa promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, fruto del acuerdo entre PSOE y Podemos, los doce consulados marroquíes en territorio español han pasado a operar los siete días de la semana, incluidos fines de semana y festivos. La medida busca facilitar la tramitación de documentos oficiales imprescindibles para acceder a la regularización.
Según fuentes diplomáticas, la ampliación responde a una instrucción directa del rey Mohamed VI, orientada a garantizar una atención prioritaria a la comunidad marroquí residente en España. Además de la apertura diaria, los consulados han extendido su jornada laboral en tres horas adicionales. Hasta ahora, el servicio finalizaba a las 15:00 horas, pero el actual estado de “alerta operativa” permitirá acelerar la expedición de pasaportes y documentos de identidad.
Alcance de la regularización: entre 500.000 y un millón de beneficiarios
El Gobierno español estima que el proceso podría beneficiar a unas 500.000 personas. Sin embargo, distintas organizaciones elevan considerablemente esta cifra:
- Movimiento Regularización Ya: sostiene que hasta un millón de migrantes podrían acogerse a la medida, teniendo en cuenta que cerca de 700.000 personas en situación irregular podrían cancelar órdenes administrativas de expulsión.
- Funcas: sitúa en torno a 840.000 el número de extranjeros con trámites pendientes de regularización, lo que representa el 17,2 % del total de migrantes no comunitarios en España.
Advertencias policiales: riesgo de saturación y “efecto llamada”
La magnitud y la rapidez del proceso han generado inquietud entre los sindicatos policiales. Organizaciones como Jupol y SUP advierten de una regularización “sin un refuerzo proporcional de medios humanos y técnicos” y la califican de decisión con un marcado componente político.
Entre las principales preocupaciones señaladas destacan:
- Saturación administrativa: las oficinas de Extranjería operan ya al límite de su capacidad para verificar identidades y antecedentes.
- Riesgos para la seguridad: tramitar un volumen tan elevado de expedientes sin recursos adicionales podría debilitar los controles de seguridad.
- Incremento de redes ilegales: alertan de que procesos de este tipo pueden incentivar la actividad de mafias de trata de personas, al generar expectativas de futuras regularizaciones.
Mientras los consulados marroquíes intensifican su actividad para garantizar que todos sus nacionales puedan participar en el proceso, las oficinas de Extranjería en España afrontan un escenario de fuerte presión administrativa. Un posible colapso del sistema podría tener impacto directo en la agenda política y migratoria del primer trimestre de 2026.
