El ministro de Migración, Johan Forssell, busca implementar una solución inmediata para expulsar a delincuentes adolescentes sin esperar a la entrada en vigor de la nueva ley en 2027.
El Gobierno de Suecia ha endurecido su discurso y su hoja de ruta en materia migratoria. El ministro de Migración, Johan Forssell, anunció este miércoles su determinación para agilizar la deportación de inmigrantes adolescentes vinculados a actividades delictivas «lo antes posible», rechazando la posibilidad de postergar estas medidas hasta enero del próximo año, fecha inicialmente prevista para la entrada en vigor de la nueva normativa.
En una comparecencia centrada en la expulsión de criminales, Forssell subrayó que el Ejecutivo trabaja «a toda máquina» para hallar una solución duradera que no dependa de los plazos legislativos ordinarios. Esta decisión llega en un momento de máxima presión para el gabinete del primer ministro Ulf Kristersson, quien gobierna con el apoyo del partido de derecha Demócratas de Suecia bajo la promesa de vincular la política migratoria a la seguridad ciudadana.
El dilema de la «deportación de adolescentes»
El país nórdico se enfrenta a una compleja realidad administrativa. Actualmente, se dictan órdenes de expulsión diarias para jóvenes de entre 18 y 20 años que, en muchos casos, cuentan con una integración avanzada, dominan el idioma y cursan estudios universitarios. El conflicto surge en casos donde a los hijos se les deniega la residencia a pesar de que sus progenitores posean la ciudadanía o la residencia permanente.
Para abordar esta situación, Forssell pretende utilizar la futura ley sobre reunificación familiar, que se prevé aprobar esta primavera. Aunque una investigación técnica recomendó rebajar la edad máxima de dependencia de los 21 a los 18 años —lo que incrementaría las deportaciones—, el ministro aclaró que el Gobierno no está obligado a seguir dicha sugerencia. «Una investigación lo ha sugerido, pero nunca lo hemos respaldado», afirmó de forma tajante.
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El Ejecutivo estima que las nuevas herramientas legales permitirán alcanzar las 3.000 deportaciones anuales, una cifra que sextuplicaría el promedio actual de 500 expulsiones. Este endurecimiento responde a la necesidad de contener la violencia de las bandas organizadas y el tráfico de drogas, una problemática que, si bien ha visto reducidos los tiroteos mortales, ha experimentado un repunte en el uso de explosivos y atentados con bomba.
Forssell también aprovechó para marcar distancias con legislaciones anteriores, como la denominada gymnasielagen, que permitía la permanencia de menores solicitantes de asilo si completaban estudios secundarios y trabajaban. A su juicio, aquella norma se aprobó de forma precipitada y carecía de seguridad jurídica, un error que el actual Gobierno pretende evitar buscando una solución «duradera» que no genere nuevos problemas legales.
Dentro de este paquete de medidas contra la delincuencia juvenil, Suecia también contempla otros cambios estructurales, como la ampliación de los poderes policiales y la propuesta para reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años.
