Los menores han salido del Juzgado sin resolución firme, por lo que tienen que volver a las 17:00 horas de la tarde para comparecer nuevamente ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta. Se trata de una acción sin precedentes hasta el momento y se desconoce el alcance de la acción judicial
Durante la mañana de este lunes cinco de los 15 menores que iban a ser devueltos a Marruecos, han pedido, ya en la frontera y a punto de ser expulsados, el habeas corpus ante la Policía Nacional en el puesto fronterizo. Una vez expresada esta intención, a través la brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía han trasladados en una furgoneta del SAMU -entidad contratada por la Ciudad para su atencsión-, a los menores hasta la comisaría de Colón donde les han tomado declaración para ser trasladados directamente hasta el Juzgado.
La comitiva de trasladado ha estado encabezada por Mabel Deu, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales y vicepresidenta primera del Gobierno local, con competencias en el área de Menores y responsable de la tutela de emergencia de los, al menos, 800 niños y jóvenes que se encontraban en los recursos de emergencia desde la crisis migratoria y diplomática. La Vicepresidenta, ha evitado hacer ninguna declaración a los medios hasta el momento y desde la Ciudad tampoco se ha emitido ningún comunicado.
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Según las fuentes consultadas por El Foro de Ceuta, el procedimiento jurídico mediante el cual cualquier persona puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto, «no tiene mucho sentido en estos momentos, ya que estos menores no están detenidos, si no tutelados por la Administración en situación de emergencia». Sin embargo, las organizaciones sociales que llevan denunciando desde el primer momento estos traslados a Marruecos y han expresado su «preocupación por las irregularidades que se están cometiendo en el procedimiento; no se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen, no se está notificando a los niños las resoluciones que se están adoptando sobre ellos y por tanto no se les permite oponerse a la ejecución de unas repatriaciones forzosas y en contra de su voluntad».
