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La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha aprobado la prórroga del concierto con las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, destinando 343 millones de euros para garantizar la asistencia sanitaria a los funcionarios en 2025. Sin embargo, el colectivo médico ha mostrado su descontento con el modelo de licitación, señalando problemas estructurales y de financiación.
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Muface ha renovado su acuerdo con Adeslas, Asisa y DKV, un contrato clave para la asistencia sanitaria de los funcionarios adscritos a esta mutualidad. La prórroga, que se aplicará durante todo 2025, implica una inversión de 343 millones de euros, cifra que refuerza el compromiso del Estado para garantizar el acceso a servicios de salud para este colectivo.
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No obstante, la decisión no ha estado exenta de controversia. Asociaciones de médicos y profesionales de la salud han alzado la voz en contra del actual sistema de licitación, argumentando que el modelo resulta insostenible y no contempla adecuadamente las necesidades económicas y laborales de los facultativos que trabajan bajo estos convenios. Según sus portavoces, las tarifas impuestas en los conciertos no se actualizan conforme al coste real de la atención sanitaria ni al incremento de la demanda, lo que repercute negativamente en la calidad asistencial y en las condiciones laborales de los profesionales.
Desde Muface, se ha defendido la importancia del acuerdo para mantener el acceso a la sanidad privada en condiciones favorables para los funcionarios, quienes representan una parte significativa de los beneficiarios del sistema de salud mutualista. Fuentes de la institución han subrayado que las aseguradoras participantes han cumplido con los estándares requeridos, lo que justifica la renovación del convenio.
El descontento de los médicos, sin embargo, sigue latente. Han advertido que, si no se revisan las condiciones del modelo de concertación, podría haber un éxodo de facultativos, afectando la capacidad de atención y la calidad del servicio que reciben los mutualistas. Asimismo, han llamado a una negociación con el Gobierno para abordar estos problemas y garantizar un sistema sostenible tanto para los pacientes como para los profesionales.
Mientras tanto, el convenio renovado garantiza la continuidad del servicio a miles de funcionarios, aunque con el desafío de responder a las críticas del sector médico, que consideran imprescindible un cambio estructural en el modelo sanitario mutualista.
