El Gobierno ha anunciado una nueva subida salarial para los funcionarios públicos en 2025, que suma un incremento adicional del 0,5% retroactivo al 1 de enero de 2024. A pesar de este aumento, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta sobre la pérdida de poder adquisitivo debido al repunte del IPC, situando a los empleados públicos en una posición desfavorable frente a la inflación.
En junio de 2024, el Gobierno aprobó un incremento del 2% para los funcionarios públicos, con efecto retroactivo desde enero de ese año. Ahora, con la inflación acumulada del periodo 2022-2024 superando el incremento salarial fijo del 8%, se ha añadido un aumento adicional del 0,5%, que será efectivo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Con esta medida, los tres millones de empleados públicos en España verán un incremento total del 2,5% en sus sueldos para 2025. Sin embargo, este crecimiento es menor que el aumento del 3% registrado en el sector privado y tres décimas por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual, lo que preocupa a los sindicatos.
UGT y CCOO han solicitado la implementación inmediata del aumento y la apertura de nuevas negociaciones para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. No obstante, CSIF ha sido más contundente, denunciando que el incremento no compensa la inflación, lo que ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo del 5,8% desde 2022, y más del 20% desde los recortes de 2010.
CSIF critica que el aumento del IPC al 2,8% en diciembre sigue afectando negativamente a los salarios de los empleados públicos. La organización ha exigido la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar una mejor oferta salarial y de empleo para 2025.
Retribuciones Básicas para 2025:
- Subgrupo A1: 17.648,24 euros (trienio: 679,28 euros)
- Subgrupo A2: 15.518,97 euros (trienio: 563,34 euros)
- Subgrupo C1: 11.885,77 euros (trienio: 434,94 euros)
- Subgrupo C2: 10.074,76 euros (trienio: 301,32 euros)
El aumento salarial, aunque significativo, continúa dejando a los empleados públicos en una situación de pérdida de poder adquisitivo, según los cálculos de CSIF. La presión sobre el Gobierno para mejorar las condiciones de estos trabajadores sigue en aumento mientras se esperan nuevas negociaciones para garantizar una mejora real en sus salarios y condiciones laborales.
