El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, continúa este miércoles en el Tribunal Supremo, en su penúltima jornada antes de la declaración del propio acusado. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en el registro de su oficina han declarado que no pudieron acceder al contenido del teléfono del fiscal porque “estaba borrado”.
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Los tres guardias civiles encargados de elaborar los informes sobre el volcado de los dispositivos reconstruyeron algunas comunicaciones a partir del móvil de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, los listados de llamadas y la actividad del correo Gmail de García Ortiz. Según los agentes, durante la noche de la filtración de información relacionada con el caso de Alberto González Amador, “el dominio de toda la acción” de recabar los correos correspondía al fiscal general, como es habitual en su cargo.
Las acusaciones sostienen que García Ortiz habría recabado esos correos para filtrarlos, mientras que la defensa argumenta que su intención era preparar una nota de prensa. Previamente, otros agentes explicaron que el volcado de los dispositivos se realizó de manera completa, ya que no era posible hacerlo de forma parcial.
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Tanto la Fiscalía como la defensa han cuestionado la proporcionalidad de estas diligencias, tratando de que se anule el registro, del que se derivó un informe que atribuía al fiscal general una “participación preeminente” en la filtración que se investiga. Tras estas declaraciones, será el turno de García Ortiz para exponer su versión de los hechos.
