En un movimiento estratégico para intervenir en el mercado de la vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 12 de enero de 2026 un nuevo paquete de medidas «urgentes y contundentes». Durante el inicio de las obras de la Operación Campamento en Madrid, Sánchez ha adelantado un próximo Real Decreto-ley diseñado para frenar la escalada de precios y el uso «fraudulento» de contratos de corta duración.
Las 3 medidas clave del nuevo decreto de vivienda
El Gobierno busca atajar la crisis habitacional mediante tres vías de actuación directa:
• Bonificación del 100% en el IRPF para caseros: Para incentivar la contención de precios, los propietarios que renueven contratos sin subir la renta a sus inquilinos no pagarán impuestos por esos ingresos en su declaración de la renta. Es la alternativa del ala socialista a la congelación de rentas que exigían sus socios de coalición.
• Mano dura con el alquiler de temporada: Se fijarán condiciones «estrictas» para evitar que los propietarios usen esta modalidad (pensada para estudiantes o traslados temporales) para esquivar la Ley de Vivienda. Habrá nuevas sanciones y será obligatorio inscribirse en un registro estatal.
• Tope al alquiler por habitaciones: El Gobierno prohibirá que la suma del precio de todas las habitaciones de un piso supere la renta del contrato de la vivienda completa. Además, en las zonas tensionadas, estas habitaciones estarán sujetas al índice de precios de la Ley de Vivienda.
Un decreto con un camino difícil en el Congreso
A pesar de la contundencia del anuncio, el presidente se enfrenta a un escenario legislativo complejo:
1. Rechazo a su izquierda: Tanto Sumar como Podemos ya han adelantado que no apoyarán el decreto. Consideran un «error» premiar con beneficios fiscales a los propietarios en lugar de obligar por ley a la congelación de las rentas.
2. Choque con las CCAA del PP: Sánchez ha criticado la «insumisión» de las comunidades gobernadas por el Partido Popular que se niegan a aplicar los topes de precios, asegurando que el Estado tiene la «obligación de actuar» ante la emergencia habitacional.
3. Lucha contra la especulación: El presidente ha justificado estas intervenciones para combatir lo que define como «abuso y codicia sin escrúpulos» de quienes utilizan la vivienda para enriquecerse a costa de las familias.
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El anuncio se ha producido en un marco simbólico: el inicio de la demolición de los antiguos cuarteles de la Operación Campamento. Este proyecto prevé la construcción de más de 10.000 viviendas, de las cuales el Gobierno promete que el 100% serán asequibles y de promoción pública.
