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El Partido Popular ha trasladado al Senado su preocupación por el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia en Ceuta, que, según denuncia la formación, se está llevando a cabo en un clima de desorden, incertidumbre y sin las debidas garantías para los trabajadores del sector.
Tal y como informa El Pueblo de Ceuta, el PP ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Justicia en las que critica que se haya impulsado una reorganización de gran calado sin una información adecuada a los funcionarios, sin un calendario público definido, sin criterios claros de adscripción del personal y sin garantías explícitas para los empleados afectados. En este contexto, los funcionarios y profesionales que trabajan en los juzgados ceutíes desconocen aún cómo será su organización laboral, los medios de los que dispondrán o el sistema bajo el que deberán desempeñar su labor.
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La iniciativa parlamentaria, encabezada por la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz, cuestiona qué información oficial ha facilitado el Ministerio y en qué fechas, además de preguntar si considera aceptable poner en marcha un proceso de esta envergadura sin planificación pública ni seguridad jurídica. Asimismo, se solicitan explicaciones sobre los mecanismos de control existentes para garantizar que las decisiones adoptadas respetan la legalidad y los derechos estatutarios del personal.
Según recoge El Pueblo de Ceuta, el PP también advierte de que el nuevo modelo se está implantando sin un refuerzo previo suficiente de medios humanos y materiales, pese a las limitaciones estructurales del territorio y a la histórica sobrecarga de la Administración de Justicia en la ciudad. Por ello, se pregunta por el número actual de funcionarios en activo, los efectivos necesarios para una implantación ordenada y la existencia de un plan específico adaptado a las singularidades de Ceuta, como la dispersión de sus sedes judiciales.
Las preguntas registradas alertan del riesgo de que este proceso acelerado derive en disfunciones graves, retrasos procesales y un deterioro del servicio público de Justicia, afectando tanto a la seguridad jurídica como a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
El Partido Popular reclama además conocer qué órganos del Ministerio supervisan el proceso, con qué periodicidad se evalúan sus efectos y si se están revisando las instrucciones y protocolos aplicados en Ceuta para evitar extralimitaciones competenciales. También plantea si el Gobierno está dispuesto a introducir correcciones en caso de que se confirme la falta de información, planificación y consenso.
Finalmente, el PP cuestiona si esta situación de incertidumbre es compatible con una administración moderna y eficaz, y exige al Ministerio de Justicia garantías de que Ceuta no se está utilizando como territorio de prueba para reformas organizativas sin haber solucionado previamente las carencias estructurales del sistema judicial local, tal como subraya El Pueblo de Ceuta.
