Un empresario estadounidense logra tumbar en los tribunales las tarifas impuestas por la Administración Trump, marcando un precedente histórico que podría desencadenar una oleada de reclamaciones de miles de compañías afectadas por la guerra comercial.
En lo que ya se califica como una victoria de «David contra Goliat», el sector empresarial de Estados Unidos ha encontrado un héroe inesperado. Un empresario del sector del juguete ha conseguido que la justicia federal le dé la razón en su batalla legal contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, logrando una sentencia que declara la ilegalidad de dichas tasas para su sector y abre una brecha en la estrategia proteccionista de la Casa Blanca.
El origen de la disputa
La demanda, que comenzó como un movimiento arriesgado y solitario, cuestionaba la autoridad del Ejecutivo para imponer gravámenes extraordinarios bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio. Según el empresario, cuya identidad y compañía han liderado el litigio, la imposición de aranceles a los juguetes importados de China no solo era una carga económica inasumible, sino que carecía de la base jurídica necesaria.
«Desde el principio pensé que esto era ilegal. No se puede cambiar la estructura de costos de una industria entera por un capricho político sin seguir los procedimientos establecidos», ha declarado el protagonista de la noticia a El País.
Un precedente para miles de empresas
La importancia de este fallo judicial trasciende al sector del juguete. Al declararse que el procedimiento utilizado por la Administración fue defectuoso, se sienta un precedente que podría ser utilizado por miles de empresas importadoras que han pagado miles de millones de dólares en aranceles durante los últimos años.
Los expertos legales sugieren que esta sentencia podría obligar al Gobierno a:
- Devolver los fondos recaudados bajo los aranceles declarados ilegales.
- Suspender las tarifas vigentes para otros sectores que presenten demandas similares.
- Rediseñar la política comercial para ajustarse a los límites que marca la Constitución y las leyes de comercio internacional.
Reacción de la Casa Blanca
Desde la Administración Trump, la respuesta ha sido de rechazo frontal, calificando la sentencia de «activismo judicial» que pone en riesgo la seguridad nacional y la capacidad de negociación de Estados Unidos frente a competidores extranjeros como China. Se espera que el Departamento de Justicia presente un recurso de apelación de inmediato.
Sin embargo, para los defensores del libre comercio, este fallo es un recordatorio de que incluso en tiempos de fuerte polarización y políticas proteccionistas, los contrapesos judiciales siguen funcionando. «Es un triunfo del Estado de derecho sobre la arbitrariedad», concluye el empresario.
