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El gestor ferroviario remitió el listado de raíles y soldaduras diez días atrás, después de que el Instituto Armado denunciara que las piezas fueron trasladadas a una base de mantenimiento sin conocimiento judicial ni policial.
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La investigación del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que se cobró la vida de 46 personas, ha sumado un nuevo episodio de tensión institucional. Adif se ha visto obligada a entregar al juzgado de Montoro el inventario completo de los fragmentos de vía y hasta 18 soldaduras que retiró del lugar del siniestro apenas cuatro días después del accidente, trasladándolos a su base de mantenimiento en Hornachuelos sin previo aviso a los investigadores técnicos ni a la autoridad judicial.
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Este movimiento se produjo únicamente después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil elevara un escrito a la jueza instructora, Cristina Pastor, alertando de una «posible irregularidad». Según el Instituto Armado, Adif realizó operaciones de extracción y traslado de material, e incluso practicó ensayos de dureza sobre el mismo, sin solicitar autorización ni advertir de ello a los encargados de la custodia de la zona.
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La defensa de Adif: «evitar el deterioro» del material
Tanto Adif como el Ministerio de Transportes han defendido su actuación alegando que el material retirado había sido previamente descartado como «probatorio» por la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) durante los tres días que duró la recogida de pruebas sobre el terreno. Según el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, las piezas se trasladaron por «precaución» para evitar que quedaran a la intemperie, fueran robadas o terminaran «achatarradas» por las excavadoras durante las labores de restauración de la vía.
El material en cuestión incluye:
- Traviesas con golpes y trozos metálicos de diferentes tamaños.
- Cupones (trozos) de raíl y desvíos sin identificar.
- Soldaduras situadas a una distancia de entre 127 y 370 metros del punto exacto del descarrilamiento, pero de naturaleza similar a la que, según la principal hipótesis, provocó el accidente del tren Iryo.
Ruptura de la cadena de custodia
A pesar de que Adif sostiene que las piezas han estado siempre a disposición de la justicia, el valor jurídico de estos elementos se encuentra ahora bajo sospecha debido a la ruptura de la cadena de custodia. El traslado se realizó entre la noche y la madrugada del 22 al 23 de enero por una «orden verbal» de un jefe de área de Adif, antes incluso de que el juzgado autorizara el inicio de las obras de reparación.
La Guardia Civil no tuvo constancia del paradero de estas piezas hasta principios de febrero, cuando sus agentes se personaron en la base de Hornachuelos. En ese momento, procedieron a precintar el material y a supervisar la instalación de una alarma en el almacén donde se custodiaban.
Advertencia de responsabilidad penal
La jueza Pastor dictó el pasado 10 de febrero una providencia exigiendo a Adif la «restitución inmediata» o entrega del material bajo la advertencia expresa de incurrir en responsabilidad penal. El gestor ferroviario acató la orden el 13 de febrero, adjuntando un informe de trazabilidad de 23 páginas elaborado por la consultora Ineco.
Desde el Ministerio de Transportes se ha admitido que informar al juzgado en el mismo momento del traslado habría evitado cualquier sospecha de actuación «turbia». No obstante, la incorporación de estos restos a la causa judicial se produce en un contexto de dudas sobre si los ensayos realizados por Adif sobre los raíles pudieron alterar su estado original antes de ser analizados por peritos independientes.
