Las aerolíneas denegarán el embarque a los viajeros de 85 países, incluido España, que no dispongan del permiso digital vinculado al pasaporte. El sistema, que busca reforzar el control fronterizo tras el Brexit, tiene un coste de 18,40 euros.
El Gobierno británico ha comenzado a aplicar este miércoles, 25 de febrero, de manera estricta la exigencia de contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para todos los visitantes procedentes de 85 países que no requieren visado para estancias de corta duración. Esta medida afecta directamente a los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los españoles, así como a viajeros de Estados Unidos, Francia o Canadá, quienes a partir de ahora no podrán embarcar en sus vuelos, trenes o ferris con destino al Reino Unido si no han tramitado previamente este permiso digital.
Según el comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores británico, los transportistas internacionales están obligados desde hoy a impedir el acceso a cualquier pasajero que carezca de esta autorización. Aunque el sistema se introdujo de forma escalonada desde 2023, es a partir de esta fecha cuando la normativa se aplica sin excepciones. La ETA es obligatoria para estancias de hasta seis meses por motivos de turismo, negocios, visitas familiares o tránsitos que requieran pasar el control fronterizo.
Coste, validez y trámites de solicitud
La solicitud de la ETA se realiza exclusivamente por vía electrónica y queda vinculada digitalmente al pasaporte del viajero. El documento tiene un coste de 16 libras (aproximadamente 18,40 euros) y una validez de dos años, permitiendo múltiples entradas durante ese periodo. Aunque el Ministerio británico señala que la mayoría de las solicitudes se resuelven en cuestión de minutos, se recomienda encarecidamente realizar el trámite con al menos tres días laborables de antelación para evitar contratiempos en el momento del embarque.
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El secretario de Estado de Migración y Ciudadanía, Mike Tapp, ha defendido la implantación del sistema como una «parte vital del trabajo para reforzar la seguridad fronteriza» y tener un conocimiento preciso de quién accede al territorio británico. No obstante, la medida no está exenta de polémica. El Partido Nacional Escocés (SNP) ha calificado la iniciativa como un «impuesto fronterizo del Brexit» y denuncia que resulta discriminatorio, especialmente para las personas con doble nacionalidad.
Restricciones para ciudadanos con doble nacionalidad
Un punto crítico de la nueva normativa afecta a quienes poseen doble nacionalidad (británica y de otro país). A partir de este jueves, estos ciudadanos deberán presentar obligatoriamente un pasaporte británico válido o un Certificado de Derechos que, a partir de ahora, solo se admitirá en formato digital. El coste de este certificado asciende a 589 libras, lo que ha motivado las críticas de la formación escocesa ante el riesgo de que muchos afectados se queden en tierra si no disponen de la documentación específica requerida por las autoridades de Londres.
