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El plazo para tramitar los permisos ha comenzado este jueves de forma telemática con un flujo constante de peticiones. El Gobierno habilita una red de oficinas para la atención presencial a partir del lunes.
España ha dado este jueves, 16 de abril, el pistoletazo de salida al proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, una medida que busca integrar en el sistema administrativo y económico a cientos de miles de migrantes que residen en el país en situación irregular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado que el procedimiento ha arrancado «a buen ritmo» y que las primeras solicitudes han comenzado a registrarse de madrugada a través de la plataforma digital del Ministerio.
Plazos y vías para la solicitud
Desde las 9:00 horas de hoy, los interesados pueden presentar sus expedientes de manera online siempre que dispongan de certificado electrónico o lo realicen a través de profesionales habilitados (abogados, graduados sociales o gestores administrativos) y entidades del nuevo Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX).
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Para la modalidad presencial, aunque ya es posible solicitar cita previa, los solicitantes deberán esperar al próximo lunes, 20 de abril, para acudir a los puntos habilitados. La red de atención incluye:
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- Cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia).
- 60 oficinas de la Seguridad Social.
- 371 oficinas de Correos situadas en capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes.
El plazo para acogerse a este proceso permanecerá abierto durante dos meses y medio, finalizando el próximo 30 de junio de 2026.
Requisitos: quién puede obtener los «papeles»
La normativa establece criterios claros para los beneficiarios. Podrán solicitar la regularización quienes se encuentren en situación irregular y hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditando una permanencia de al menos cinco meses continuados en el momento de la solicitud. También podrán hacerlo los solicitantes de asilo cuya petición fuera anterior a dicha fecha.
Para demostrar el tiempo de residencia, la Administración aceptará documentos como el padrón municipal, informes médicos, contratos de alquiler o luz, e incluso certificados de envío de dinero.
El debate sobre el rigor: antecedentes penales y policiales
La ministra Elma Saiz ha enfatizado la seriedad del proceso frente a las críticas políticas, asegurando que «este procedimiento es para personas en situación irregular, no para delincuentes». El decreto publicado en el BOE establece requisitos estrictos en materia de seguridad:
- Antecedentes penales: Es un requisito sine qua non carecer de antecedentes penales en España y en los países de residencia de los últimos cinco años (por delitos tipificados en el ordenamiento español).
- Informe policial: Se investigará si el solicitante supone una amenaza para el orden público. No obstante, la existencia de antecedentes policiales (detenciones sin sentencia firme) no supondrá una denegación automática, sino que se valorará de forma casuística.
Derechos concedidos: trabajo y residencia
La resolución favorable otorgará un permiso de un año que autoriza a vivir y trabajar en España en cualquier sector. Desde la admisión a trámite de la solicitud, el Estado proveerá una autorización provisional de trabajo para facilitar la incorporación inmediata al mercado laboral.
En el caso de los menores de edad, la autorización de residencia se extenderá por cinco años. El Gobierno ha recordado que estos permisos son válidos exclusivamente para el territorio nacional y no autorizan el establecimiento o trabajo en otros países de la Unión Europea. Al término del año de vigencia, los beneficiarios deberán acogerse a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería.
Aval social y económico
Fuentes del Ministerio de Inclusión destacan que este proceso cuenta con una amplia legitimidad social, al recoger el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, 900 asociaciones y la Iglesia católica. Desde el punto de vista económico, el Real Decreto subraya que la medida fortalecerá la Seguridad Social y contribuirá a un mercado laboral más transparente y eficiente.
